Una supuesta gran estafa inmobiliaria llega a juicio al cabo de 27 años

La Sección Séptima de la Audiencia de Madrid celebrará desde el próximo jueves un juicio por una presunta macroestafa inmobiliaria que lleva casi 27 años investigándose en la vía judicial y que en su día, a finales de los años setenta, afectó a unas 3.000 familias de la capital, Torrejón, Villalba y Móstoles. El escándalo estalló a fines de 1977, aunque cuatro años antes los vecinos venían denunciando irregularidades. La investigación judicial comenzó en torno a 1980. El próximo jueves empieza el proceso, que se alargará durante meses. En cada sesión serán interrogados unos 40 testigos.

Se trata de la presunta estafa de pisos del entonces llamado caso Promocisa (familias que anticiparon sus ahorros para cuatro promociones de casas en distintos barrios de Madrid, Torrejón, Villalba y Móstoles, y otras familias que se vieron forzadas a pagar más de lo pactado para al final conseguir las viviendas prometidas).

Después de tantos años y de que el asunto haya pasado por las manos de cinco jueces de instrucción, el jueves se sentarán en el banquillo de la Audiencia de Madrid los cinco acusados (en realidad eran seis, pero uno de ellos ya falleció) de este caso, que tiene similitudes con el más reciente de la Cooperativa Peninsular de Viviendas (CPV), 1.200 familias que adelantaron 30 millones de euros para obtener una vivienda en los nuevos barrios del norte de Madrid.

Fuentes judiciales no recuerdan en España un precedente similar de demora judicial como el del caso Promocisa: una instrucción que haya estado más de 20 años en trámite o estancada en los juzgados.

Las cifras que rodean este juicio son mastodónticas: ante el tribunal deberán desfilar unos 1.500 testigos/afectados y el juicio durará al menos seis meses (salvo que las partes lleguen a un acuerdo el jueves y los acusados se conformen con las penas que solicita el fiscal).

Edad avanzada

El primer escrito de acusación del fiscal, en el que se pedía para los acusados penas que oscilan entre los seis y los ocho años de cárcel, se redactó en la década de los noventa. Han pasado varias décadas desde que estalló el escándalo y casi todos los acusados tienen una edad muy avanzada, alguno de ellos roza los noventa años. La idea inicial, si finalmente se opta por la celebración del juicio y no hay acuerdo, es que se celebren una o dos sesiones semanales y que sean interrogados en cada una de ellas unos 30 o 40 afectados. El catedrático de Derecho Penal Luis Rodríguez Ramos y el actual decano de los abogados de Madrid, Luis Martí Mingarro, son dos de los letrados que intervienen en este proceso.

Fuentes judiciales atribuyen la descomunal demora en la celebración de este juicio a los continuos cambios de juez, a los innumerables recursos interpuestos por las partes a lo largo del dilatado proceso y, fundamentalmente, a que "la Administración de Justicia española no está preparada ni tiene medios para absorber y juzgar una estafa de esta envergadura", señalan. Un experto en derecho señala al respecto: "Esto ni es justicia ni es nada; cómo es posible que ahora, casi 25 años después, se celebre un juicio por una estafa que tantas manifestaciones y protestas suscitó en su día; nadie se acordará de nada, los acusados ya están muy mayores; y, además, ¿cómo trasvasamos a la etapa actual el valor que tenía entonces el dinero? No es igual un millón de pesetas de los de entonces que de los de ahora".

Inicialmente fueron cerca de 3.000 las familias que adelantaron sus ahorros a Promocisa para la compra de un piso y que se quedaron sin la vivienda que les habían prometido o tuvieron que pagar por ella más de lo pactado. Fuentes próximas a los acusados aseguran, sin embargo, que "la inmensa mayoría de los afectados consiguió una casa o recuperó su dinero". No obstante, el Gobierno del PSOE que surgió de las urnas en 1982, medió en el asunto, a través del entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, y gracias a ello la lista de afectados se redujo de forma ostensible. Muchos lograron recuperar su dinero o parte de él; otros pagaron más dinero del previsto.

Tras saltar el escándalo, se cifró en unos 8.000 millones de pesetas, de las de entonces, el volumen de la supuesta estafa. La cantidad se redujo luego, dado que muchos afectados lograron casa años después tras la mediación del Gobierno socialista, el juez la dejó en unos 2.000 millones de pesetas en 1986. Hoy por hoy, más de 20 años después, son 1.500 las familias que la justicia considera afectadas de una u otra forma por esta estafa, y que deberán comparecer ante el tribunal a partir del jueves. Los afectados constituyeron en su día una asociación para defender sus intereses y se quejaron de "la lenidad e irresponsabilidad" de la Administración de UCD, cuyos altos cargos defendieron que no existía ningún tipo de irregularidad.