Amnistía Internacional pregunta a Defensa qué ha sido de los iraquíes detenidos por tropas españolas

La salida de las tropas españolas de Irak no implica que el Gobierno español pueda desentenderse de la situación de los derechos humanos en aquel país y, en particular, de la suerte de los iraquíes que fueron detenidos por militares españoles y entregados a las fuerzas anglo-estadounidenses, sobre los que España ha contraído una obligación legal. Ésa es la opinión de Amnistía Internacional (AI), que se ha dirigido por escrito al ministro de Defensa, José Bono, para reclamar explicaciones sobre las garantías a los detenidos aplicadas por las tropas españolas.

Esteban Beltrán, director de la Sección Española de AI, explicó ayer que su organización considera que las vejaciones y torturas denunciadas en la prisión de Abu Ghraib no constituyen un hecho aislado, sino que forman parte de una política sistemática aplicada por el Gobierno de EE UU en Irak, Afganistán o Guantánamo.

"A partir de esta constatación", agregó, "consideramos imprescindible conocer qué garantías exigió el Gobierno español de que los detenidos que entregaba a las fuerzas de la coalición no iban a ser objeto de malos tratos. Si no recibió ninguna garantía, es un grave error y un incumplimiento de la Convención de Ginebra".

Aunque no quiso desvelar el contenido de la carta remitida a Bono, explicó que su objetivo es obtener información preliminar. Entre otros extremos, AI quiere saber cuántos iraquíes fueron apresados por los soldados españoles; si existía en las bases españolas de Diwaniya y Nayaf un registro de detenidos; cuál es la identidad de todos ellos; si fueron asistidos por abogado; si recibieron atención médica; si se les permitió contactar con sus familias; si fueron visitados por la Cruz Roja; si se formularon cargos concretos contra ellos y, sobre todo, cuál es su paradero y situación actual. En definitiva, "qué procedimientos se aplicaron en las detenciones y qué medidas se adoptaron para garantizar el cumplimiento de las convenciones internacionales".

Aunque la información que reclama AI es general, se interesa en particular por la suerte de Flayeh Abdul Zarha Anyur Al Mayali, un traductor iraquí que fue detenido el 22 de marzo por las tropas españolas y entregado el 27 de marzo a las fuerzas de la coalición en Bagdad. Flayeh fue acusado "por el Reino de España", según la documentación entregada a su familia, de "cooperador necesario" en el asesinato de siete agentes del CNI, el 29 de noviembre de 2003. Pese a ello, no consta que se informara al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, quien el 13 de febrero dictó un auto de sobreseimiento provisional del caso por falta de autor conocido.

AI también quiere saber qué información tenían los médicos militares españoles que trabajaron en 2003 en el campo de prisioneros de Camp Bucca (Irak) y en 2002 en el aeropuerto de Bagram (Afganistán) sobre los malos tratos. Según esta organización, fue en Bagram donde se iniciaron estas prácticas.

AI pide a Bono que ordene una investigación y haga públicas las conclusiones. "Es hora de rendir cuentas de la intervención en Irak", según Beltrán.