El TSJA suspende la licencia de 239 viviendas ya habitadas en una urbanización de Marbella

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha suspendido las licencias de obras de la urbanización Banana Beach de Marbella, un complejo con 239 viviendas, aparcamientos y locales que se levantó hace ahora cinco años a la entrada del término municipal y que están ya habitadas. Las licencias, aprobadas por el gobierno de Jesús Gil en septiembre y octubre de 1998, fueron impugnadas por la Junta al tratarse de terrenos calificados como sistema general de áreas libres y destinados a zona verde. Con esta son ya 14 las licencias suspendidas por el TSJA en Marbella, donde la Junta tiene impugnadas más de 250.

Según la sentencia, las licencias se otorgaron sin someterse a ningún planeamiento vigente (el PGOU de 1986) y, en consecuencia, "vulnerando el ordenamiento jurídico directa e inmediatamente aplicable, por lo que se entiende como contraria a derecho y se anula el acuerdo". El complejo se levantó en unos terrenos dedicados a zona verde, en un lugar muy próximo al famoso arco de entrada a la localidad, y en una parcela donde se ubicaban locales de ocio. El Ayuntamiento de Marbella apeló contra la impugnación aduciendo que, al no existir planeamiento en el momento de la concesión al no haber publicado el PGOU, "era aplicable el futuro" a pesar de que la nueva normativa no había sido aprobada por la Junta.

La sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal entiende que "resulta totalmente desafortunada la conducta municipal" y señala que esta afirmación por parte de la administración local sólo puede significar una cosa: "No ha existido un control de legalidad urbanística realizada, puesto que la administración entre dos planes ineficaces escoge uno que es tan ineficaz como el otro, rechazando el que al menos se encuentra aprobado y es conocido por el Ayuntamiento".

La delegación de Obras Públicas de la Junta en Málaga dijo ayer desconocer si el Consistorio marbellí había presentado un recurso de casación contra la sentencia, como suele ser habitual en este municipio. Fuentes de este departamento señalaron que, una vez la sentencia sea firme, serán los tribunales los que dictaminen si hay que acometer la demolición de las viviendas levantadas ilegalmente. Las viviendas fueron construídas por la sociedad mercantil Turismo y Recreo Andaluz S.A. (Turasa). La Junta alegó, para la impugnación, que las dos licencias que permitieron el complejo se concedieron "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, ya que no se ha seguido dicho procedimiento para la modificación de los segmentos de los planes, programas, normas u ordenanzas municipales". Turasa alegó, en su día, la inadmisibilidad de la impugnación de la Junta, al entender que el recurso se había presentado de forma extemporánea.

La Administración regional sigue manteniendo, por otro lado, un fuerte litigio en los tribunales contra el actual equipo de gobierno de Marbella, presidido por la alcaldesa Marisol Yagüe, tránsfuga del Gil. El delegado provincial de Obras Públicas, José María Ruiz Povedano, informó ayer de que, hasta el momento, han sido detectadas e impugnadas cuatro licencias de obras otorgadas por el nuevo equipo de gobierno. Una cifra que podría ampliarse, ya que actualmente su departamento está analizando la documentación obtenida durante las sucesivas visitas de una inspectora de la Junta de Andalucía a las dependencias municipales.

Ruiz Povedano informó además de que, a consecuencia de estas inspecciones, se han presentado 15 requerimientos para que el Ayuntamiento "revise sus propias actuaciones". Además Obras Públicas ha requerido también la incoación de expedientes sancionadores por parte del Consistorio con el fin de que restituyan la legalidad urbanística en 54 actuaciones. Según Ruiz Povedano, aunque el nuevo equipo de gobierno de Marbella ha comunicado a la Junta que ha paralizado 258 obras en el municipio, en sólo 15 casos se han abierto expedientes de regularización.