España aumentó sus emisiones un 40% desde 1990
España es uno de los países que no ha hecho los deberes respecto al Protocolo de Kioto y a los acuerdos de la UE para su aplicación. Ha incrementado casi en un 40% sus emisiones de gases de efecto invernadero desde 1990, frente al compromiso adquirido de limitar al 15% su crecimiento, y todavía no ha presentado su Plan Nacional de Asignación (PNA) de derechos de emisión a la Comisión Europea.
El Ministerio de Medio Ambiente va a hacer pública en los próximos días una agenda de encuentros sobre el futuro PNA con empresas y sectores afectados. "El retraso acumulado por el anterior Gobierno del PP nos obliga a concluir en dos meses los trabajos para su elaboración", ha señalado Arturo Gonzalo, secretario general de Cambio Climático.
El nuevo Gobierno pretende tener culminado un borrador del PNA en las próximas semanas, con la idea de remitirlo a Bruselas y evitar sanciones por el incumplimiento (debería haberlo remitido antes del 31 de marzo), y tras un periodo acotado de información pública y enmiendas cumplimentar su redacción definitiva antes del 1 de octubre.
La mayoría de los países de la UE, en los planes de asignación publicados hasta ahora, combina objetivos de fomento de nuevas energías y renovables y de eficiencia energética con otras de apoyo, por razones económicas y sociales y de independencia en los suministros, al sostenimiento de sus sectores tradicionales. Un cierto apoyo al carbón, pese al grado de emisiones contaminantes que comporta, figura en muchos de los PAN recibidos ya por Bruselas y muy especialmente en los de Portugal y Alemania.
A estos argumentos invoca la mayoría de las empresas del sector eléctrico español, con la excepción matizada de Iberdrola, en su propuesta a la Administración sobre asignación de derechos de emisión.
Propugnan una asignación gratuita y basada en las emisiones históricas de todos los derechos, la agrupación de instalaciones para el reparto y un mantenimiento de las emisiones de 2002, aunque no se cumplan estrictamente los límites de Kioto, con un incremento de un 1% en el periodo 2005-2007. Defienden asimismo la utilización de los mecanismos previstos de flexibilidad y reclaman para su sector el 54% de los derechos que se adjudiquen.
Iberdrola, por su parte, propugna que se "sobreasignen" derechos de emisión al resto de los sectores afectados por Kioto (cemento, refino, siderurgia, vidrio, papel y cerámica, entre otros), que, a su juicio, tienen menor capacidad de adaptación tecnológica que la industria eléctrica.
