Los primeros pasos

Ha pasado algo más de un mes desde la constitución del nuevo Gobierno y, de momento, no se han tomado decisiones importantes que nos muestren hasta dónde pueden producirse cambios profundos en el ámbito de la política económica. Esto es normal y no quiere decir que los nuevos gobernantes no tengan ideas que llevar a la práctica. Simplemente, las reformas llevan su tiempo. Las prisas no son buenas y los cambios, si los hay, deben hacerse después de haberlos estudiado a fondo. Sin embargo, ello no es óbice para que, a través de declaraciones o de medidas puntuales que se van tomando, podamos vislumbrar por dónde pueden ir los tiros en cada ámbito de la política económica.

En lo que se refiere a la política fiscal-presupuestaria, dos son los principios rectores hasta el momento: la estabilidad presupuestaria y la cautela. El nuevo equipo de Hacienda quiere conocer a fondo la situación de partida. Seguramente no habrá grandes sorpresas (ya saben, lo que pueda encontrarse debajo de las alfombras), pero todos sabíamos que había temas pendientes, gastos desviados de los presupuestos y obligaciones a futuro que pueden limitar el margen de maniobra en los próximos ejercicios. En fin, que lo del déficit cero, pues casi, casi, pero no del todo. Por eso, cuando se le pregunta al vicepresidente económico por la reforma de los impuestos, pone cara de ausente y dice que los cambios, para más adelante y limitados. Seguro que, tras su dilatada experiencia político-administrativa, no le convence eso de que bajando los impuestos se recauda más.

El mayor problema para la estabilidad presupuestaria puede venir del lado de las autonomías

Para empezar, el Gobierno se ha encontrado con gastos extraordinarios y sin presupuestar (deuda debida a Andalucía y pérdidas de TVE) que suponen medio punto porcentual del PIB a añadir al déficit del 0,4% previsto para el Estado en los Presupuestos para 2004. No obstante, estos gastos extraordinarios no impiden que el presupuesto de las Administraciones centrales se salde en equilibrio, pues el superávit de la Seguridad Social podría ser, de nuevo, mayor al previsto. A medio plazo, el reto está en compatibilizar la necesidad de destinar más recursos a las políticas de educación, investigación o vivienda con la promesa de no aumentar el porcentaje de gasto público sobre el PIB por encima de su nivel actual del 40%.

En todo caso, el mayor problema para mantener la estabilidad presupuestaria puede venir por el lado de las comunidades autónomas. Aquí no se trata de afrontar gastos pendientes y no recurrentes, sino de que los Gobiernos regionales pueden haberse embarcado en gastos de carácter permanente sin la suficiente contrapartida de ingresos. Por eso demandan una nueva reforma de su sistema de financiación (fórmula eufemística para decir que quieren más dinero) o piden que se les deje generar déficit y endeudarse más.

Por ello parece muy positivo que en el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera se les haya dejado claro que la Ley de Estabilidad Presupuestaria está en vigor y hay que cumplirla. Es cierto que la estabilidad presupuestaria no debe asimilarse al déficit cero todos los años, pero algunos parecen querer aprovecharse de eso para empezar la legislatura generando déficit que, a buen seguro, nunca encontrarán el momento oportuno para eliminar. En resumen, es muy positivo que en Hacienda tengan clara la importancia de mantener la estabilidad presupuestaria (aunque no sea más que por un problema de credibilidad), porque las presiones de más gasto van a ser enormes.

Ángel Laborda es director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).