Un informe jurídico critica al Gobierno navarro por negar información a los parlamentarios

El Gobierno navarro lleva meses vulnerando el derecho de los parlamentarios a la información, según subraya un informe de los servicios jurídicos del Parlamento foral, que preside el regionalista Rafael Gurrea, que califica de "evidente" la vulneración del Reglamento.El Ejecutivo que preside Miguel Sanz se niega desee hace meses a facilitar información sobre los contratos de asesoría o consultoría suscritos por la Sociedad de Desarrollo de Navarra (Sodena) entre 2000 y 2003 que le ha requerido insistentemente IU. El consejero de Industria, José Javier Armendáriz, aduce que, dado que la información afecta a terceros, no la hará pública hasta disponer del dictamen de un experto independiente que le aclare la obligatoriedad de informar al respecto.

De su lado, los parlamentarios socialistas llevan cuatro meses intentando conocer la retribución de los gerentes de diversas sociedades públicas, especialmente de Viviendas de Navarra y Navarra de Suelo Residencial, datos que UPN no desvela afirmando que tienen carácter reservado y que el Parlamento foral sólo los puede conocer en el ámbito de una comisión de investigación. En vista del empecinamiento regionalista, el PSN ha solicitado formalmente la constitución de la citada comisión para conocer los datos salariales de estos altos cargos.

"Obstrucción ilegítima"

La cosa no acaba ahí. El Gobierno foral se ha negado igualmente a responder al parlamentario Miguel Izu, de Izquierda Unida, sobre los viajes efectuados por Ricardo de León, delegado del Ejecutivo foral en Madrid y consejero de una empresa semipública navarra que visitó Irak durante la dictadura de Sadam Hussein para interesarse por las actividades comerciales de una empresa de la comunidad foral de cuyo Consejo de Administración forma parte.

El informe de los servicios jurídicos afirma que esa "sorprendente" actitud "ignora" lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento, que obliga al Gobierno a contestar a los parlamentarios y a brindarles la información que soliciten. Añade que, pasados dos meses, UPN no ha respondido ni ha aportado razón legal válida que justifique su silencio. El Gobierno navarro tenía veinte días de plazo para responder o denegar la información "de manera razonada". Para los letrados, los "argumentos dilatorios" de UPN suponen una "obstrucción ilegítima" en el ejercicio de las funciones parlamentarias.

En vista del informe, la Cámara ha aprobado sendas declaraciones políticas en las que se reitera el derecho de los grupos a obtener la información que soliciten en el ejercicio de su trabajo.

La primera resolución se adoptó el 26 de abril y la segunda el pasado lunes. En ambas ocasiones, CDN, socio de UPN en el Gobierno foral, se unió a la oposición. Sólo los regionalistas se opusieron.