Babcock presenta hoy expedientes de regulación para 282 empleados
Babcock Borsig España presentará hoy los tres expedientes de regulación de empleo (ERE) en las delegaciones de Trabajo de Asturias y el País Vasco. Los sindicatos sospechan que la empresa quiere aligerar costes antes de cumplir sus compromisos, pero no se fían. Aseguran que, aunque se pagan los sueldos sin problema, no se han aportado los avales financieros prometidos ni se ha producido la transferencia de tecnología o la carga de trabajo.
Tras entregar los expedientes, la empresa se reunirá con el comité de empresa de Babcock Borsig España en Galindo. Babcock, que está en manos del grupo austriaco ATB, presentará expedientes que afectan a 282 empleados. Los trabajadores quieren tratar también el plan industrial y financiero de la empresa. La firma austríaca ATB, que adquirió la firma vasca tras la crisis de la matriz alemana Borsig, tiene previsto presentar un Expediente de Regulación de Empleo que afectará a 252 trabajadores de Babcock y a 30 pertenecen a las filiales Babcock Montajes e Isotrom. La reducción de plantilla se va a aplicar mediante jubilaciones anticipadas. Los expedientes dejarán la plantilla en unas 430 personas.
Por otro lado, el comité de la Naval de Sestao no descarta plantear nuevas movilizaciones si en un plazo de tiempo determinado no se vislumbran soluciones para la situación de este astillero y del resto del grupo Izar, tras la reclamación de 308,3 millones de ayudas por parte de la UE, según informaron fuentes del comité de empresa a Europa Press. A primera hora de ayer se celebró en la factoría de Sestao una asamblea de trabajadores convocada por el comité para explicarles el contenido del convenio y la situación creada tras la decisión de la UE de instar a la devolución de 308,3 millones que la SEPI otorgó al grupo.
Explosivos Alaveses (Expal) ha pactado con el comité de su planta en Ollávarre el cierre de la instalación. El acuerdo prevé que los 82 trabajadores decidan entre ser trasladados a otros centros del grupo o una indemnización que superará en la mayoría de los casos los 60.000 euros.
