Los tres nuevos imputados en el 'caso Atutxa' declararán el miércoles
Los parlamentarios Joseba Egibar, Rafa Larreina y Antton Morcillo declararán pasado mañana ante la juez que instruye el caso Atutxa, Nekane Bolado, después de que la magistrada accediera a finales de abril a las pretensiones de la Fiscal jefe, María Angeles Montes, de ampliar la querella a tres miembros de la Junta de Portavoces. Los tres parlamentarios nacionalistas declaran bajo la imputación de un delito de desobediencia a la autoridad judicial "en concepto de colaboradores necesarios".
La Fiscalía siempre ha sostenido que los tres primeros imputados -el presidente del Parlamento, Juan María Atutxa, y los miembros de la Mesa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao- nunca tuvieron intención de cumplir la sentencia del Tribunal Supremo por la que se ordenaba la disolución del grupo parlamentario heredero de Batasuna, Sozialista Abertzaleak (SA). Y que en realidad lo que se produjo fue un "artificio" para evitar cumplir dicha sentencia. El artificio sería la aprobación por parte de la Mesa de la Cámara de una declaración de la Presidencia mediante la cual se posibilitaba cumplir la sentencia del Supremo y remitir a SA al grupo mixto y, a su vez, que la Junta de Portavoces, al día siguiente, echara por tierra la declaración de la Mesa al no aprobarla, como así ocurrió los días 5 y 6 de junio de 2003.
La magistrada del caso consideró a finales de abril que "en plena fase de investigación parece procedente admitir la ampliación de la querella" para "averiguar si existe alguna relevancia penal entendida como presunta desobediencia a la autoridad judicial" cometida por los tres nuevos imputados.
Entre otras cosas, la fiscal utilizará los testimonios aportados ante la juez instructora por los otros dos miembros de la Mesa del Parlamento -Carmelo Barrio (PP) y, sobre todo, del socialista Manuel Huertas- para intentar demostrar esa supuesta concertación de intereses. Tras esta declaración, en principio, la magistrada instructora podría decidir ya sin más dilación si archiva la causa penal o abre juicio oral. En el caso primero, su decisión puede ser recurrida ante la Sala Civil y Penal del Superior de Justicia vasco.
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