Pensiones: la tentación de los extremos
DURANTE LAS DOS últimas legislaturas, el PP nos ha asegurado que el sistema público de pensiones
había dejado de tener problemas y que su futuro está plenamente garantizado. Al mismo tiempo, desde la OCDE y desde Europa se nos mandaba un mensaje contradictorio con el anterior: la pirámide de población puede provocar en el medio plazo dificultades importantes para la estabilidad presupuestaria y, por consiguiente, para la viabilidad del actual sistema de reparto.
¿Cuál es la realidad? Frente a la misma hay dos tipos de respuestas extremas, igualmente conservadoras: la que niega el problema del envejecimiento demográfico, lo que produce desestimiento social; y la catastrofista, que lo magnifica hasta considerarlo insoluble, y que abre la puerta al negocio de los sistemas privados de capitalización, muchas veces sin hacer explícitos los intereses que están en juego. La realidad es que hay un problema de envejecimiento de la población y también que el gasto en pensiones, en terminos del PIB, sigue siendo muy inferior al gasto medio del conjunto de la UE de 15 miembros. En el año 2000 (datos de Eurostat), el gasto social español equivalió al 20,1% del PIB, mientras que el conjunto europeo invirtió en gastos de esta naturaleza un 27,3%. En vejez, invalidez y supervivencia gastamos en España un 10,8%, frente a un 14,9% del conjunto de la UE. El programa electoral del PSOE promete hacer converger el gasto social per cápita español con el europeo. Como afirma Zapatero, "lo que se dice, se hace".
El gasto social en España está siete puntos por debajo del europeo. El PSOE prometió equipararlos. "Lo que se dice, se hace", afirma ZP. ¿Cómo hacer realidad esta promesa electoral en el terreno de las pensiones?
Los responsables de la política económica han comenzado a indicar por dónde van a ir las cosas en materia de pensiones. Hay que comenzar a hacer la auditoría de las declaraciones de miembros del Gobierno, para evitar las contradicciones y aclararlas. El equipo gobernamental dispone de un valioso documento titulado Presente y futuro del sistema público de pensiones: análisis y propuestas, cuyo autor es José Antonio Griñán, uno de los mejores fichajes de Manuel Chaves para la Junta de Andalucía (como consejero de Economía y Hacienda). Y acaba de aparecer en la colección de documentos del Laboratorio de la Fundación Alternativas, que hasta ahora dirigía el comisario de Asuntos Económicos de la UE, Joaquín Almunia (y que ha sido sustituido en esta labor por Juan Manuel Eguiagaray). Griñán estudia el futuro del sistema de reparto en las pensiones públicas, y mantiene un compromiso con el reformismo de los últimos 20 años en esta materia, teniendo en cuenta las recomendaciones de la UE, del Pacto de Toledo de 1995, y de su renovación en el año 2003.
El documento plantea varias medidas, comenzando con la definitiva separación de fuentes de financiación, de modo que el Estado asuma la financiación del gasto de naturaleza no contributiva que aún se soporta por las contribuciones sociales ("No parece adecuado que se propongan rebajas fiscales a cambio de aumentos de la presión contributiva de las cotizaciones sociales"); se sugiere destinar todos los excedentes presupuestarios a dotaciones al Fondo de Reserva y no actualizar las pensiones por encima de la inflación, salvo para mejorar las mínimas. Segundo: incrementar la tasa de ocupación, en particular la de la mujer y la de mayores de 50 años. Tercero: el crecimiento de la población en edad de trabajar, algo que sólo puede alcanzarse mediante incrementos de la natalidad, flujos migratorios y una prolongación de la vida activa, retrasando la edad a que se accede hoy a la jubilación. Cuarto: el incremento del periodo de cálculo para determinar la base reguladora de las pensiones, como apoyo a la viabilidad financiera del sistema. Y, por último, incrementos de la productividad media que induzcan a crecimientos importantes del PIB compatibles con amplios procesos de generación de empleo; se trata de establecer fuentes complementarias a las cotizaciones sociales para la financiación de las prestaciones contributivas.
Esta semana se abre el diálogo del Gobierno con los sindicatos y la patronal para abordar estos asuntos.
