El Gobierno cree que el PP ocultó que la UE investiga 600 millones de ayudas al carbón

El Gobierno y el Principado de Asturias creen que el Ejecutivo del PP ocultó de forma deliberada la apertura, por parte de Bruselas, de una investigación sobre las ayudas a la minería del carbón a partir del año 2002 que ascienden a unos 600 millones de euros. La investigación fue comunicada por la comisaria Loyola de Palacio al Gobierno saliente el 30 de marzo, 16 días después de que el PP perdiera las elecciones. El Gobierno del PP ni reaccionó ni informó a la nueva Administración socialista del caso, que ha solicitado a Bruselas más tiempo para realizar alegaciones.

Según las fuentes consultadas, ni el nuevo Gobierno ni el Ejecutivo del Principado de Asturias (la región más afectada por ser donde se ubica la compañía minera pública Hunosa) fueron informados de la apertura de la investigación, comunicada por la comisaria de Energía, Loyola de Palacio, a su hermana Ana de Palacio, a la sazón ministra de Asuntos Exteriores en funciones en la época, el pasado 30 de marzo. La comisaria acusó ayer de "partidismo" y "mala fe" a quienes la responsabilizan de haber retrasado un procedimiento de la Comisión Europea contra las ayudas españolas al carbón para perjudicar al Gobierno del PSOE.

Rotundo, el Ejecutivo asturiano acusa al PP y al anterior Gobierno de la nación de haber ocultado de forma deliberada la existencia de la carta de la comisaria europea de la Energía.Fuentes del Ministerio de Industria confirman, por su parte, que el documento de Bruselas estuvo un mes sobre la mesa de los responsables del departamento con el PP sin que se tenga noticia de ninguna actuación al respecto.

Según ese documento, las subvenciones otorgadas desde el 1 de enero de 2003, cuando entró en vigor un nuevo reglamento de ayudas, podrían ser ilegales toda vez que no fueron autorizadas por la Comisión. Ésta exige que cualquier ayuda pública al sector minero del carbón tenga por finalidad propiciar el cierre o reducción de actividad del mismo. La investigación afecta a 600 millones de euros en ayudas, medio centenar de empresas y alrededor de 14.000 trabajadores.

La empresa más afectada es Hunosa, la mayor compañía carbonera de España, estructuralmente deficitaria y que, en caso que tener que devolver las ayudas -como se ha decidido en el caso de los astilleros Izar-, se vería irresolublemente abocada al cierre. En la actualidad, Hunosa tiene 4.674 trabajadores.

La existencia del documento, que abre un escenario muy complicado para la minería hullera asturiana -pendiente por lo demás de que la UE admita su inclusión en la llamada "reserva estratégica", condición inexcusable para que pueda sobrevivir hasta 2010-, fue hecha pública por el dirigente sindical socialista José Ángel Fernández Villa, secretario general del SOMA-FIA-UGT y diputado autonómico del PSOE, que en los últimos años ha mantenido cordiales relaciones con el PP y en particular con el ex ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos.

Pero el Gobierno de Asturias, de mayoría socialista, y en el que también participa IU y su socio, Bloque por Asturias, asegura que ignoraba ese requerimiento, por lo que tanto la portavoz del Ejecutivo autónomo, Ana Rosa Migoya, como el consejero de Industria, Graciano Torre, acusaron directamente al anterior Gobierno de la nación de ocultamiento de información. El temor del nuevo Gobierno ahora es que lo sucedido con las ayudas a la minería desde el año 2003 no sea un hecho aislado y que las cuentas del sector (encauzado con el Plan de la Minería 1998-2005) encierre otras sorpresas. Este periódico intentó ayer, sin conseguirlo, obtener la versión del PP.