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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Malas políticas

La reclamación de la Comisión Europea a los astilleros públicos españoles Izar para que devuelvan 308 millones de euros que se consideran ayudas indebidas ha causado una profunda y justificada inquietud en la empresa y en el Gobierno. La cuenta de resultados de la compañía no está precisamente para soportar salidas de dinero de esa magnitud; y, como consecuencia, están en peligro parte de los 11.000 puestos de trabajo de los astilleros.

Por supuesto, la reclamación de la CE está perfectamente fundada y explicada. La Comisión autorizó en 1997 un paquete de ayudas que sumaban 1.380 millones de euros; pero, con posterioridad, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) utilizó el subterfugio de comprar tres sociedades a los astilleros para colar de forma irregular ayudas no autorizadas por importe de más de 500 millones de euros. Como ya se han devuelto 192, resulta que Izar tiene que devolver los 308 millones restantes, con grave riesgo para su cuenta de resultados.

La reclamación de la Comisión Europea revela que el comportamiento presupuestario e industrial de los gobiernos del PP ha sido en general poco escrupuloso. El criterio fundamental que parecen haber seguido es cuadrar las cuentas públicas por cualquier procedimiento, sea el que fuere, y transmitir a la opinión pública la idea de que las empresas del sector público vivían en el mejor de los mundos. Como, por otra parte, la labor fiscalizadora del Parlamento brilló por su ausencia durante ocho años, es probable que el caso de las ayudas públicas indebidas a los astilleros no sea el único problema que aparezca en el futuro.

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Planteada así la cosa, la Comisión ha tenido buen cuidado en dejar un plazo de tiempo aceptable para buscar una solución. Está descartada, por supuesto, la desaparición de los astilleros públicos. Pero será difícil evitar nuevos ajustes de empleo. La clave es que estos ajustes, si fueran necesarios, así como las medidas financieras adecuadas, se pacten entre el Gobierno, la empresa y los sindicatos. Y que los resultados del acuerdo sean conocidos por el Parlamento. Sólo así se evitarán errores como los que han dado lugar al desaire de Izar en Europa.

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