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La Generalitat eleva al 1% el impuesto de actos jurídicos

El Gobierno reducirá la tasa sobre el patrimonio de los minusválidos

El Gobierno catalán elevará al 1% el impuesto de actos jurídicos documentados. Hasta ahora las transacciones de menor cuantía estaban gravadas con el 0,5% o el 0,75%. Con este aumento, la Generalitat espera recaudar más de 40 millones de euros. El Ejecutivo, no obstante, aumentará la bonificación hasta el 97% en el caso del patrimonio de los minusválidos y aplicará desgravaciones a los viudos en el IRPF. Estas medidas entrarán en vigor este año.

El impuesto de actos jurídicos documentados grava, entre otros, la venta de inmuebles entre particulares. Hasta ahora existía una escala según la cual las transacciones inferiores a 30.000 euros estaban gravadas con el 0,5%; las comprendidas entre 30.000 y 60.000 euros, con el 0,75%, y la superiores a 60.000 euros, con el 1%.

La eliminación de la escala se ha decidido "siguiendo la tendencia que se observa en las comunidades autónomas de régimen común", según el anteproyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2004, que el Ejecutivo catalán prevé aprobar antes de finalizar este mes.

La medida se suma al recargo de 2,40 céntimos en las gasolinas y el gasóleo de automoción con el objetivo de financiar el gasto de la sanidad catalana. Pero no todo son incrementos. Paralalamente, la Generalitat prevé aumentar hasta el 97% la bonificación en el impuesto de patrimonio para los disminuidos físicos con una minusvalía de más del 33%. Además los viudos y viudas residentes en Cataluña podrán deducir hasta 300 euros en el impuesto sobre la renta (IRPF) cuando fallezca el cónyuge y en los dos ejercicios siguientes si tienen descendientes. La desgravación será de 150 euros para los viudos sin hijos a su cargo.

La medida más espectacular del anteproyecto de ley de acompañamiento, el recargo sobre los carburantes, encendió la mecha de las reacciones en contra y captó gran parte de la atención de la oposición. La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, fue pionera en la adopción del recargo, al que pueden optar todos los gobiernos autónomos. Asturias, gobernada por los socialistas, y Galicia, por el PP, también lo aplican desde el pasado 1 de enero. Fuentes del Gobierno aragonés, también socialista, confirmaron a EL PAÍS que esperan aplicar idéntico recargo en fechas aún por determinar.

El PP y CiU la criticaron con dureza y lamentaron que la primera decisión de contenido económico del Gobierno catalán grave al contribuyente. El jefe de la oposición, Artur Mas, criticó duramente el recargo pese a que su partido sopesó gravar los carburantes cuando gobernaba. "Estoy convencido de que dirán que toman la medida porque CiU dejó un gran agujero, pero no es serio que todas las decisiones que adopten estén motivadas por errores nuestros", dijo.

El consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells, contraatacó calificando la decisión de "valiente y responsable". Y añadió: "Hay que afrontar este asunto en serio porque el problema de la sanidad también lo es. Creemos que este gesto es de responsabilidad e incluso de valentía, porque supone hacer lo que se puede hacer con los instrumentos que se tienen. Hay que coger al toro por los cuernos". El objetivo de la medida, que debe ser aprobada por el Ejecutivo y ratificada después por el Parlament, es paliar en parte la deuda de 3.000 millones de euros que lastra la sanidad pública catalana.El conseller en cap, Josep Bargalló, se encargó de recordar la deuda sanitaria tras reunirse en Madrid con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. La recaudación calculada por el recargo sobre los carburantes se situará este año en torno a 65 o 70 millones de euros, siempre que la norma se apruebe en agosto, según fuentes del departamento. Castells ha anunciado, sin concretarlas, otras medidas complementarias para combatir el déficit.

El consejero de Trabajo e Industria, Josep Maria Rañé, aseguró que se reunirá con los transportistas, pese a que su departamento descarta la posibilidad de que los principales colectivos afectados por el incremento del precio vayan a recibir compensaciones. Fuentes de Trabajo e Industria y del Ministerio de Hacienda aclararon que las posibles exenciones fiscales que pudieran aplicarse a los transportistas profesionales las decide en todo caso el Gobierno central.

El aumento del precio de los carburantes ha levantado ampollas en el gremio más afectado, el de los transportistas. El presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Transportistas de Cataluña, Evaristo Magaña, desafió la decisión del Gobierno con un anuncio poco perfilado aún: habrá movilizaciones. Las protestas se concretarán la próxima semana en una reunión que celebrarán los miembros de la patronal, que agrupa al 60% de los pequeños transportistas catalanes.

"Estamos ante un Gobierno socialista que hace lo mismo que todos los gobiernos socialistas del mundo: subir los impuestos con cualquier excusa", lamentó Joan López, diputado popular en el Parlament.

ERC e ICV-EA respaldaron la decisión del PSC. El portavoz parlamentario de ERC, Josep Huguet, desvió la raíz del debate hacia Madrid. A su juicio, la Administración central debe acometer paralelamente el pago de la deuda fiscal a Cataluña. "También se puede ser fuerte con los fuertes para acabar con el corporativismo médico y farmacéutico que genera un gasto tan desmesurado", añadió.

ICV-EA consideró el recargo "algo coyuntural" que permitirá en el futuro la transformación del impuesto en una ecotasa. También se reabrió el debate sobre la necesidad de mejorar el actual sistema de financiación autonómica, con el objetivo de que cada comunidad cuente con una agencia tributaria propia. Ésa fue ayer la propuesta de CC OO para evitar actuaciones políticas "inapropiadas". El mundo sindical se dividió en torno al gravamen en función del sector profesional: conductores, en contra; médicos y enfermeros, a favor. Los empresarios expresaron su miedo a que la medida dispare la inflación. El Departamento de Economía calcula que el recargo sobre las gasolinas tendrá un impacto de entre una y dos décimas en el IPC.

Subida de tasas

El perfil más amable de la polémica lo ofreció el gremio sanitario. La patronal Unión Catalana de Hospitalesaplaudió la aplicación del recargo, reclamada sin éxito durante la pasada legislatura. La Organización de Consumidores y Usuarios también la defendió, aunque con la condición de que sea "provisional".

La Generalitat también aplicará cambios en las tasas para podólogos, dentistas, centros de radiodiagnóstico y farmacéuticos, según prevé la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos.

El argumento de la 'herencia'

Los rifirrafes entre el tripartito y CiU han contado, desde el cambio de color político del Ejecutivo catalán, con un dardo recurrente que los nuevos inquilinos no han dudado en arrojar a su adversario. La herencia, que es como la llaman el PSC, ERC e ICV, es la deuda que el anterior Gobierno autónomo, presidido por Jordi Pujol, dejó como lacra en las arcas catalanas.

Artur Mas desvelaba ayer su temor a que cada vez que el tripartito adopte una medida impopular (por ejemplo una subida de impuestos) culpe de ello al Gobierno convergente. El misterio de las cuentas heredadas se desvelará el próximo martes, fecha prevista por el tripartito para dar a conocer una auditoría encargada semanas atrás. El objetivo es saber con exactitud la situación de las finanzas públicas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 14 de mayo de 2004

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