El ministro de Justicia se compromete a impulsar el plan de infraestructuras judiciales en Andalucía

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, se comprometió ayer a impulsar la modernización de la Administración de Justicia en Andalucía, tras la reunión que mantuvo en Madrid con la consejera de Justicia, María José López González. El ministro señaló tras el encuentro que Andalucía es un territorio "muy extenso, en el que además se dan situaciones muy heterogéneas y complejas" desde el punto de vista del servicio público de la Justicia.

La consejera destacó que la reunión había sido "muy buena" y que, sobre todo, se había puesto de manifiesto, que ambas administraciones hablan ahora "el mismo lenguaje" y que están "en el mismo proyecto".

Respecto a la agenda de trabajo concretada entre las dos Administraciones, el ministro destacó la implantación del nuevo modelo de oficina judicial, el incremento de la plantilla de jueces y la puesta en marcha de los Juzgados de lo Mercantil. El titular de Justicia manifestó su intención de mostrar "el mejor espíritu de cooperación y lealtad" con la consejera andaluza, a quien le une la amistad por haber sido ambos compañeros de escaño en la anterior legislatura.

Por su parte, la consejera de Justicia manifestó entre las prioridades de su departamento la conclusión del Plan de Infraestructuras, que permitirá la creación de ocho ciudades de la justicia, una por cada capital andaluza.

López González reconoció que el plan no podrá concluirse en la presente legislatura, si bien concretó que al final de los próximos cuatro años espera que puedan estar ya funcionando las nuevas sedes judiciales en Málaga, Almería, Granada, Huelva y Córdoba. En el resto de capitales andaluzas, las ciudades de la justicia ya se estarán en construcción en 2008, según la consejera.

En la reunión con López Aguilar, la consejera también abordó la liquidación de los flecos del traspaso de la competencia de justicia a Andalucía, que la Junta evalúa en unos 13,2 millones de euros; el coste que asumen las autonomías por la aplicación de nuevas leyes y la gestión de los depósitos judiciales (por ejemplo, las fianzas), un asunto que reclaman todas las autonomías y que se está dirimiendo en el Tribunal Constitucional. Algunas de estas cuestiones necesitan el visto bueno del Ministerio de Economía y Hacienda.

"Se trata de una apuesta ilusionante de futuro pero no se nos escapa que hablamos de un territorio muy amplio. Lo más importante es el compromiso de que en Andalucía la Justicia tiene que ser rápida, eficaz y lo más cercana posible al ciudadano", afirmó la consejera de Justicia.