La AMPA Gonzalo Anaya recomienda consensuar el voto en la elección de los directores de centro escolar

Valencia

La Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Gonzalo Anaya ha recomendado a las asociaciones de madres y padres que, "llegado el caso de tener que elegir al director de su centro, éstas acudan a la comisión de elección con un candidato consensuado que cuente con los votos de profesores, padres y alumnos".

En un comunicado hecho público ayer, la Confederación -que aglutina a asociaciones de Castellón, Valencia y Alicante- señala que si no fuese posible elegir a un candidato en estos términos, "no vale la pena participar en una votación que en apariencia es democrática pero que en el fondo sólo es un mero trámite para designar como director al candidato propuesto por la Consejería de Educación".

Según el comunicado, el Consell ha creado una comisión para elegir a los directores de los centros que, "aunque parece haber sido constituida de forma equilibrada, deja la mitad de los ocho votos que la integran en manos de la Administración y da más valor al del presidente, uno de los miembros que designa la Consejería". "Ésta ha sido la forma en que Educación ha interpretado este apartado de la Ley de Calidad, aunque en otras comunidades tan sólo un miembro de la comisión pertenece a la Administración y el resto de plazas es para los profesores, padres y alumnos", señala la presidenta de la Confederación, Carmen Molina.

Los responsables de la confederación entienden que "la composición de esta comisión para elegir los directores es antidemocrática porque, en ningún caso, la parte formada por los profesores, padres y alumnos tendrá la oportunidad de decidir el nombre del director", según explicaron ayer.

Mientras, el Consejero de Cultura, Esteban González Pons, argumentó ayer en Castellón la vigencia de la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (Loce) y reiteró su decisión de aplicar la ley pese al anuncio del Gobierno de retrasar su calendario de aplicación. González Pons esgrimió su obligatoriedad de "aplicar la ley que está en vigor mientras no haya otra". El consejero dijo que "nadie puede, legítimamente en un Estado de Derecho, pedirme que deje de aplicar una ley", según informa María Fabra.