Las emisiones de CO2 han crecido ya más de un 40% sobre el nivel de 1990

Las emisiones de gases de efecto invernadero (medidas en CO2 equivalente) en España han aumentado ya un 40,43%, respecto a 1990, según el inventario hecho por Comisiones Obreras y World Watch y presentado ayer. El crecimiento máximo de las emisiones españolas fijado en el acuerdo de la UE para cumplir el Protocolo de Kioto sobre cambio climático es del 15% en 2008-12. En 2003 el aumento fue pequeño (0,76%) en comparación con el de 2002 (4,24%) por la alta producción hidroeléctrica el año pasado, pero la tendencia es de crecimiento constante.

"Nos alejamos peligrosamente ya de los objetivos de cumplimiento del Protocolo de Kioto", advirtió ayer Joaquín Nieto, secretario de Medio Ambiente y Salud Laboral de CC OO. "La herencia de los gobiernos del Partido Popular supone una grave hipoteca para España, desde el punto de vista del medio ambiente, del empleo y de la economía", afirmó. Entre 1996 y 2003, con los gobiernos del PP, las emisiones en España han aumentado un 32,43%.

Ahora, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que España cumplirá el Protocolo de Kioto, recordó Nieto, pero "el nuevo Gobierno va a tener que trabajar duro para acercar a España a esos compromisos". Pese a que la situación es grave, "todavía estamos a tiempo, podemos cumplir con Kioto", dijo.

El inventario de emisiones que anualmente realizan CC OO y la edición española de World Watch, aplicando las metodologías del Panel Intergubernamental para Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas, se adelanta en varios meses al inventario oficial, coincidiendo prácticamente en los resultados.

En la evolución de las emisiones en España, José Santamarta (World Watch) explicó que hay que diferenciar la tendencia estructural de la coyuntural. La primera, "dado nuestro modelo económico", registra un aumento continuado, dijo. En la tendencia coyuntural, también de aumento cada año, hay que tener en cuenta factores como la producción hidroeléctrica y la variabilidad climática anual, que influye en el consumo energético. 2003 fue un buen año de producción hidráulica, con un incremento del 78% respecto a 2002, registrándose el año pasado un consumo de carbón inferior en un 7,2% sobre el año anterior. Esto es clave, comentó Santamarta, para explicar el bajo incremento (0,76%) en 2003 de las emisiones globales (que incluyen los seis gases de efecto invernadero regulados en el Protocolo de Kioto y contabilizados en su conversión a CO2 equivalente).

El incumplimiento de dicho protocolo supone un alto coste para España y "el Gobierno de Rodríguez Zapatero tiene que reaccionar", dijo Nieto, destacando positivamente la creación de la Secretaría de Prevención del Cambio Climático en el Ministerio de Medio Ambiente.

Pese a que el Protocolo de Kioto no ha entrado aún en vigor, su cumplimiento es obligatorio en la UE. En cuanto al coste para España si no se toman medidas y no se alcanzan los objetivos establecidos, Nieto y Santamarta calculan que rondará los 200 millones de euros anuales entre 2005-07 (según la normativa comunitaria) y unos 1.000 millones de euros al año en el periodo de cumplimiento de Kioto propiamente dicho (2008-2012).

Cada país que no logre contener sus emisiones en los márgenes fijados puede recurrir a los llamados mecanismos de flexibilidad del protocolo, incluida la compra de cupos de emisión en el mercado internacional, con un coste que puede rondar los siete u ocho euros por tonelada de CO2, según las estimaciones más realistas, apuntó Santamarta.

España no ha hecho nada todavía para contener sus emisiones y tiene ya un saldo negativo de 73 millones de toneladas. Sin embargo Nieto explicó que con medidas apropiadas de ahorro y eficiencia energética y utilizando mecanismos de Kioto como los llamados proyectos de desarrollo limpio, puede llegar a cumplir su compromiso.

Como primera medida, Nieto pidió ayer que el Gobierno apruebe inmediatamente la Estrategia Española contra el Cambio Climático, "incluso tal y como salió del Consejo Nacional del Clima", pero con un calendario de aplicación y una financiación adecuada, elementos clave ausentes en dicho documento, que mereció la crítica de las comunidades autónomas de la oposición, de organizaciones políticas y de los sindicatos.

Pero dada la gravedad de la situación y las implicaciones a largo plazo de las políticas de cambio climático, CC OO reiteró la necesidad de establecer un pacto de Estado al respecto.

Una de las tareas pendientes de España es elaborar su Plan Nacional de Asignación (el reparto de emisiones entre seis sectores económicos que suman el 40% del total). España y Grecia son los dos únicos países de la UE que no han cumplido aún este requisito para poner en marcha el comercio de emisiones en el ámbito comunitario.