Una caja de ahorros se desentiende de su posible responsabilidad en el 'caso CPV'
La entidad bancaria afirma que es una aseguradora la que debe hacer frente a los pagos
La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha decidido desentenderse de su responsabilidad en el caso de la presunta estafa de la Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV). En un informe que obra en el sumario, la entidad replica a las acusaciones que han lanzado los afectados contra ella en denuncias remitidas al Defensor del Pueblo. La entidad señala que no incumplió la Ley 57/68, de 27 de julio, que obliga a los bancos a avalar y velar para que los fondos depositados por compradores de casas en cuentas especiales sean destinados exclusivamente a ese fin.
La Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) es la promotora que ha dejado en la estacada a unas 1.200 familias madrileñas que le anticiparon sus ahorros -entre 15.000 y 30.000 euros- para que les construyera una vivienda en los nuevos barrios del norte de la capital: Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo. Un informe pericial pedido por el juzgado instructor del caso, el número 34 de Madrid, que dirige Coro Monreal, revela que CPV ha dejado deudas por importe de 27 millones de euros. Otro juez de Madrid ha decretado recientemente la quiebra de esta entidad con efecto desde el 1 de enero de 1999.
La Caja de Ahorros del Mediterráneo ingresó cerca de tres millones en las tres cuentas corrientes que abrió a nombre de CPV y en las que se ingresó el dinero de los compradores de las casas. Esta caja es una de las 10 entidades bancarias que trabajaron con la CPV en la promoción de las viviendas.
Acusaciones infundadas
La CAM tilda de "infundadas" las acusaciones lanzadas contra ella por la presidenta de una de las asociaciones de afectados, Elena Barrionuevo, quien asegura que la entidad no veló por que el dinero que sacaron de ellas los directivos de CPV se destinase a la promoción de las casas. Asegura la caja que la ley antes citada, al hablar de la compra de viviendas en fase de promoción, prevé dos formas distintas para que el constructor "garantice" el dinero de los compradores y éste se destine a su fin: levantar las casas.
Una de ellas, según la CAM, es que la propia entidad garantice ese dinero, de tal forma que cada vez que el comprador ingresa dinero, el banco le facilita un aval por el importe ingresado; y la otra, que el promotor efectúe un contrato con una aseguradora ajena al banco, que es, lo que según la caja, hizo la promotora CPV.
Según la Caja de Ahorros del Mediterráneo, los compradores no ingresaron directamente el dinero en la entidad, sino que lo entregaban mediante letras que suscribían con CPV. Por tanto, según la CAM, no metían el dinero directamente en las cuentas habilitadas al respecto, sino que se lo daban a CPV mediante letras, y ésta les facilitaba un certificado del seguro que había suscrito con una compañía. "Consta que al menos durante un tiempo", exponen los servicios jurídicos de la caja, "CPV entregaba a los compradores certificados del seguro; al menos ésa era su obligación, como asimismo constituía responsabilidad de los compradores exigir tal seguro a tenor de lo pactado por las partes". "Desconocemos", añade la entidad, "si CPV siguió entregando esos certificados de seguro o si, por el contrario, dejó de hacerlo. En cualquier caso, resulta inexplicable, temerario e improcedente querer ahora responsabilizar a cajas y bancos implicándolos en supuestos hechos delictivos perpetrados por terceros. Si los compradores cuentan con esos certificados de seguro, deben asumir que ésa es la garantía que libremente pactaron con la promotora CPV; y si dejaron de exigirlos por haber otorgado su confianza a quien no era merecedora de ella, es su exclusiva responsabilidad".
Destaca la caja de ahorros que CPV firmó contratos de seguros sobre el dinero de los compradores con las compañías Asefa, SA; más tarde con Generalfidi, lo que fue comunicado a la CAM el 9 de mayo de 2001, y, dos meses después, con Europa Cauzioni. Según la CAM, este repentino cambio de aseguradora se debió a que CPV observó que la compañía Generalfidi no podía operar en España como aseguradora al carecer de permiso administrativo. "En todo caso", dice la entidad, "Europa Cauzioni cubría las cantidades recibidas a cuenta" de los compradores. "Y resulta evidente que la modalidad de garantía pactada con los compradores no fue la del aval directo de la entidad, sino la del contrato de seguro. Y la caja cumplió con el único deber que tenía, comprobar que existía ese contrato de seguro".
Se da la circunstancia de que Europa Cauzioni, radicada en Italia, tampoco tenía autorización para ejercer en España y que rescindió el contrato con CPV por impago de la prima.
