Crisis por el control de los sorteos

El sorteo de pisos de protección oficial, una cuestión de gran sensibilidad en una sociedad como la vasca donde el precio de la vivienda es uno de los más elevados de España, desató la pasada semana una de las peores crisis de los últimos años entre instituciones vascas. El Departamento de Vivienda y la Asociación de Municipios Vascos-Eudel se han cruzado todo tipo de descalificaciones, aunque las más graves han partido de la consejería, que en una actuación sin precedentes ha acusado a algunos alcaldes,sin dar nombres ni pruebas, de adjudicar "a dedo" los pisos protegidos. Y todo, por la resistencia de los regidores municipales a aceptar las condiciones impuestas por la consejería que dirige IU para uniformizar los sorteos.

El PNV y EA instaron a Madrazo a que recondujese la situación con Eudel

La sociedad ha observado con estupor el enfrentamiento, que remitió en intensidad al final de la semana gracias a que ambas partes han acordado retomar los contactos. Sin embargo, las acusaciones del viceconsejero de Vivienda, Javier Dean, han puesto en pie de guerra a los alcaldes, muy dolidos por sus acusaciones de "enchufismo".

El origen de la polémica se encuentra en la orden aprobada por el departamento el pasado febrero que obliga a los ayuntamientos a sortear sus promociones de vivienda en las mismas condiciones que tiene el Gobierno con las suyas, lo que limita de manera sustancial la autonomía municipal. Básicamente, lo que ha molestado a los ayuntamientos es que tras seis meses de cruzar borradores con la consejería al final no se hayan tenido en cuenta sus demandas, lo que les ha llevado a anunciar que irán a los tribunales.

La orden impone que los participantes en los sorteos deben ser las personas inscritas en Etxebide (Servicio Vasco de Vivienda). Si el Gobierno ha subvencionado una parte de la promoción, los ayuntamientos no podrán exigir a los aspirantes a entrar en el sorteo un plazo mínimo de empadronamiento superior a los tres años. La normativa también establece la reserva de pisos para diferentes colectivos. La diferencia con lo que los ayuntamientos vienen haciendo hasta ahora es sustancial. En primer lugar, los alcaldes defienden la existencia de registros municipales, más "ágiles" que el de Etxebide, que les permiten conocer mejor las características de los demandantes de vivienda que viven en la localidad. Estos registros están confeccionados con "absoluto respeto a la legalidad, a la igualdad de oportunidades, a la transparencia y a la justicia social y son tan dignos como Etxebide", explica el alcalde de una importante localidad vasca.

Para Vivienda, la existencia de registros diferentes a Etxebide es superflua, genera confusión e incrementa los costes. Los alcaldes están dispuestos a cruzar los datos de sus registros con los de Etxebide al seleccionar a los candidatos, pero rechazan la imposición unilateral del departamento. En la actualidad, el registro del Ejecutivo ronda las 80.000 solicitudes. Estos datos acumulados permiten al Gobierno diseñar su política de vivienda.

Otra queja de los regidores es la "obsesión" de Madrazo por fijar los cupos, sin atender a las especificidades de cada ayuntamiento. "Es como si los municipios no pudieran establecer los cupos en función de las necesidades sociales de su zona, que en cada pueblo pueden ser diferentes", comenta otro alcalde. "Un ayuntamiento puede tener una sensibilidad especial hacia los disminuidos psíquicos y querer darles más pisos, pero el Gobierno uniformiza los cupos".

Sobre el empadronamiento, los municipios quieren los pisos para sus vecinos y por eso exigen un determinado número de años de empadronamiento, que puede variar en cada localidad. Se trata de evitar el peligro de los empadronamientos ficticios, muy frecuentes en los municipios que construyen mucha vivienda. El Gobierno quiere imponer que el empadronamiento de los participantes en los sorteos no supere los tres años cuando subvencione una promoción. "Lo que ocurre es que en algunas ocasiones esa ayuda es bastante menor de lo que aporta el respectivo ayuntamiento y, a pesar de eso, Vivienda pretende imponer sus condiciones", protestan los alcaldes.

La autonomía local permite a los consistorios tomar decisiones sobre sus recursos, fijar sus prioridades y establecer su política de vivienda porque, al fin y a cabo, son los que tienen la iniciativa en la redacción de los planes de ordenación urbana. Al Gobierno y a las diputaciones sólo les queda un papel de tutela.

Según fuentes conocedoras del proceso, los socios de IU en el Gobierno, PNV y EA, le dijeron a Madrazo que llegase a un acuerdo con Eudel cuando la polémica amenazaba con desbordarse. "El Ejecutivo, que tan celosamente defiende sus competencias urbanísticas ante el Estado, debe respetar las de los ayuntamientos", indica un experto en cuestiones urbanísticas. Este especialista, recuerda que puede haber algún caso de corrupción en los municipios, pero, por lo general, los alcaldes "tratan de hacer bien las cosas y con honestidad. Si hay alguna sospecha, hay que presentar una denuncia en el juzgado por bien de todos".