Recta final para la Constitución europea

Cuando aún resuenan por toda Europa los himnos y festejos organizados por la ampliación del club a 25 Estados, la Unión acomete su segundo gran reto de este comienzo de siglo: elaborar una primera Constitución para todos los europeos. El límite temporal es la cumbre del 17 y 18 de junio. En sólo cinco semanas, los líderes mantendrán decenas de entrevistas, mientras los ministros de Exteriores y los técnicos de los Veinticinco resuelven los problemas menos sensibles. "Europa no se puede permitir un segundo fracaso", coinciden todos. A la vez, se ha desatado una batalla por la sucesión de Romano Prodi al frente de la Comisión. También debe resolverse en la misma cumbre.

"Voy a consultar a todos mis colegas; les voy a escuchar, pero no quiero explicar nada antes del informe que presentaré en junio", comenta el actual presidente de la UE, Bertie Ahern, primer ministro irlandés, que ahora debe visitar a todos los líderes del club. Esta semana ya lo ha hecho con los nórdicos y los bálticos. El día 14 estará en Madrid. En paralelo, el británico Tony Blair, el francés Jacques Chirac y el alemán Gerhard Schröder quieren intercambiar entre ellos diversos puntos de vista.

Se busca un sucesor de Prodi y, por vez primera, no es preciso que se elija por unanimidad

Las negociaciones se están realizando con un secretismo que contrasta con las sesiones abiertas que durante año y miedo mantuvo la Convención que redactó el proyecto constitucional bajo la presidencia del francés Valéry Giscard d'Estaing. "Mientras en la Convención todo era visible, ahora no se sabe qué está ocurriendo", se queja la eurodiputada verde Monica Frassoni. No sólo trabaja en secreto la Conferencia Intergubernamental (CIG), sino que lo hace sin la vigilancia del Parlamento Europeo, que el día 4 celebró la última sesión de la actual legislatura.

El secretismo obedece a que los Gobiernos siempre han actuado así al negociar un nuevo Tratado y a que varios Ejecutivos, con el francés a la cabeza, prefieren que las negociaciones no se mezclen con la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo, entre el 10 y el 13 de junio. También por eso, los contenciosos más conflictivos, los que afectan directamente al reparto del poder, no se abordarán de lleno hasta después de la cita electoral. "Hay una serie de temas políticos que no serán resueltos hasta el final", asume Ahern.

Pero algunos escarceos ya se van conociendo. España y Polonia, que hicieron fracasar el proyecto en diciembre pasado, han cambiado su planteamiento. Tras el vuelco electoral en España, el nuevo Gobierno admite el sistema de la doble mayoría (de Estados que representen al menos al 60% de la población de la UE, dice el proyecto) y Polonia ha tenido que admitir su disposición a negociar para no quedar totalmente aislada.

El presidente polaco, Alekxander Kwasniewski, cree que hay tres alternativas: atrasar años la entrada en vigor de la doble mayoría mientras se aplica el Tratado de Niza, que tanto beneficia a España y Polonia; admitir hasta 2012 que esos dos países exijan aplicar las reglas de Niza en votaciones "de interés nacional", o pactar otras combinaciones de la doble mayoría (55% de Estados que representen al menos al 65% de la población es la más mencionada) si las alianzas para bloquear acuerdos están integradas al menos por cuatro países, con lo que se impediría un derecho real de veto de Alemania junto con dos grandes.

Pero hasta llegar a la negociación de última hora, los técnicos de los Veinticinco ya han acometido cuestiones menos relevantes. Los países pequeños quieren una cláusula que reconozca el principio de igualdad de todos los países en la UE (los grandes se oponen). Reino Unido exige que consten sus prevenciones sobre la fuerza jurídica de la Carta de los Derechos Fundamentales o que el ministro europeo de Exteriores no se llame así y no sea a la vez vicepresidente de la Comisión. España pide el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego, y ha levantado ampollas en países más centralizados.

Los 10 países incorporados a la Unión el 1 de mayo defienden ahora con más énfasis sus exigencias. Una de las más coincidentes, con la excepción de Polonia, es que cada país mantenga un comisario en el Ejecutivo comunitario. O que no desaparezca el derecho al veto en seguridad social o fiscalidad. En esto coinciden con el Reino Unido, que negocia desde una posición de más fuerza una vez que Blair ha prometido un referéndum sobre la Carta Magna en el país más euroescéptico de la Unión.

No son menos complejas las conversaciones sobre quién sustituirá a Prodi al frente de la Comisión. Será la primera vez que los líderes designen al candidato por mayoría cualificada, no por unanimidad, y en teoría teniendo en cuenta los resultados de las europeas que, según los sondeos, ganarán los conservadores. Ya hay una decena de candidatos. El liberal belga Guy Verhofstadt (Londres no le apoya), el conservador luxemburgués Jean-Claude Juncker (candidato en sus elecciones nacionales el 13 de junio), el conservador austriaco Wolfgang Schüssel (Francia no lo ve bien), el socialista griego Costas Simitis (la Eurocámara votaría en contra), el comisario socialista portugués Antonio Vitorino (muy valorado, pero tendría problemas en la Eurocámara), el comisario conservador británico Chris Patten (difícil siendo de un país que no está en el euro). O el liberal irlandés Pat Cox (no está claro el apoyo de su Gobierno).