Coherencia y dignidad

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, reconoció durante el reciente debate de investidura que su credibilidad como presidente de la Junta de Andalucía y la de Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno de España dependen de una solución "justa y rápida" al contencioso que mantienen ambas administraciones sobre la liquidación del sistema de financiación. Estamos de acuerdo y vamos más allá. No sólo está en juego la credibilidad de las personas sino la credibilidad y la coherencia de las más altas instituciones andaluzas como son el Gobierno autonómico y el Parlamento de Andalucía.

Durante dos legislaturas la estrategia política del Ejecutivo andaluz y la actividad de la Cámara andaluza han pivotado sobre la reclamación y la exigencia al Gobierno de la Nación de ésta y otras cuestiones. Basta recordar que el ochenta por ciento de las iniciativas parlamentarias aprobadas se refirieron a reivindicaciones ante el Gobierno del Partido Popular. Singularmente reveladora es la aprobada tres meses antes de las elecciones generales y autonómicas, el 11 de diciembre de 2003, que cifraba la "deuda" del Estado por distintos conceptos en 16.300 millones de euros, de los que 4.625 correspondían a la liquidación del sistema de financiación, y en la que textualmente se dice que "el Gobierno central nos debe a los ciudadanos de Andalucía miles de millones de euros".

El PSOE ha sacado un alto rendimiento de esta estrategia, que amplificada por el apabullante aparato mediático socialista y la abusiva publicidad institucional, ha logrado generalizar un sentimiento de agravio que ha perjudicado al Partido Popular de Andalucía en las urnas. Se trata ahora de saber si una vez logrados los objetivos electorales, Manuel Chaves y el partido socialista mantienen la coherencia con sus posiciones de hace sólo unos meses o el cambio de gobierno en España es la razón única y última para rebajar el listón de las reivindicaciones y dulcificar el discurso político.

El PP ha considerado siempre absolutamente descabellada la cifra exigida y ha denunciado la confrontación como un grave perjuicio a Andalucía. Sin embargo, los socialistas han esgrimido con vehemencia que se trataba de reivindicaciones legítimas en defensa de los intereses de los andaluces. Estos intereses no han cambiado con el relevo en el Gobierno de la Nación y lo que antes era legítimo no deja de serlo por la coincidencia de color político en ambas administraciones. Por mucho cambio de talante que se predique, no cabe aceptar con una sonrisa condiciones que con el Gobierno del PP eran inadmisibles tales como la retirada de recursos ante los tribunales o el aplazamiento del pago.

En la solución de este asunto Andalucía se juega la credibilidad de sus instituciones y Manuel Chaves la fidelidad a la palabra dada a los andaluces. Y la única solución digna y coherente es mantener las reivindicaciones con la misma intensidad o admitir que fue una estrategia partidista con fines electorales en la que se mintió, se engañó y se manipuló el sentimiento de los andaluces.

Teófila Martínez Sáiz es presidenta del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía