La excesivamente tardía recuperación histórica

Uno de los elementos más importantes en el desarrollo del concepto de derechos humanos en los últimos 20 años es el reconocimiento de que las víctimas de la represión llevada a cabo por regímenes dictatoriales deben ser compensadas por los responsables políticos de tales regímenes, así como por las instituciones y empresas que se beneficiaron de la represión. Así, varios tribunales de distintos países (EE UU, Alemania, Suiza y Francia) han forzado a empresas que utilizaron trabajadores esclavos durante el régimen nazi alemán a pagar compensaciones de más de 10.000 millones de dólares estadounidenses a tales trabajadores y a sus familiares.

Inspirados por el reconocimiento internacional de los derechos de las víctimas de tales regímenes, las víctimas del régimen apartheid (uno de los más crueles que han existido en África) han llevado a los tribunales de Suráfrica a las empresas estadounidenses y europeas (Crédit Suisse, Deustche Bank, IBM, Siemens y otras) que adquirieron grandes beneficios en Su- ráfrica como resultado de explotar su fuerza laboral, forzándoles a trabajar en pésimas condiciones laborales debido a la enorme represión existente durante aquel régimen. Hasta el momento, los tribunales surafricanos (así como los de los países citados anteriormente) parecen sensibles a los argumentos de los demandantes, que subrayan que no sólo el régimen, sino también los grupos económicos y empresariales que se beneficiaron de tales regímenes, deberían compensar a sus víctimas. La novedad de este caso de Suráfrica es que se amplía la definición de víctima para incluir no sólo los trabajadores esclavos, sino todos los trabajadores de aquellas empresas multinacionales y nacionales.

La resolución de este caso es de una gran importancia no sólo para Suráfrica, sino para muchos otros países que han sufrido dictaduras de brutalidad semejante a aquélla. Entre estos países está España, que sufrió durante el periodo 1939-1977 una de las dictaduras más represivas de la Europa del siglo XX. Más de medio millón de personas estuvieron encarceladas en campos de concentración franquistas y muchas de ellas fueron forzadas a trabajar en situaciones enormemente opresivas. Tanto el Estado español como empresas (muy en especial de la construcción) e instituciones privadas (como la Iglesia católica española) utilizaron prisioneros políticos como trabajadores en condiciones muy deterioradas y de gran explotación. El caso más conocido es el del Valle de los Caídos, que fue construido (en homenaje a los vencedores) por lo que en la Alemania posnazi se llamarían trabajadores esclavos, que fueron tratados con todas formas de brutalidad. Ninguno de estos hechos es mencionado, por cierto, en las guías turísticas de tal monumento. En realidad, tal silencio explica que la juventud española conozca los horrores de las dictaduras militares chilena y argentina y desconozca, sin embargo, los horrores incluso mayores de la dictadura militar española. Y el silencio televisivo sobre estos horrores es un silencio ensordecedor. El excelente documental sobre los horrores del franquismo Els nens perduts del franquisme, uno de los documentales españoles más galardonados fuera de España y mostrado en muchas televisiones en Europa, incluida la cadena pública francesa, nunca ha sido mostrado en la televisión pública española. Y los gobiernos socialistas no tomaron medidas para recuperar la memoria histórica y corregir el gran silencio histórico. Incluso ministros de Cultura del Gobierno del PSOE tan sensibles al hecho histórico como Jorge Semprún no aprovecharon su po- sición institucional para corregir la gran injusticia que tal silencio reprodujo.

La ley de amnistía benefició principalmente a los vencedores y franquistas que cometieron la gran represión y corrupción. Tal ley se interpretó erróneamente como perdón de los enormes atro

pellos y de la violación de los derechos humanos que cometieron

(incluidos el robo y la corrupción), corriendo un velo sobre sus responsabilidades políticas. Jueces, como Baltasar Garzón, que han mostrado gran celo para perseguir a los violadores de los derechos humanos en las dictaduras argentina y chilena han permanecido extraordinariamente silenciosos sobre los violadores de derechos humanos del franquismo. Es más, según las leyes de este país, los demócratas que fueron sentenciados como criminales debido a su lucha por la libertad continúan siendo considerados como tales, lo que refleja la enorme insensibilidad democrática del sistema judicial. Pero no sucede así en otros países y organismos internacionales, que no quedan sujetos a estas limitaciones y que son más sensibles a los derechos humanos de los ciudadanos que el sistema jurídico español y el Estado español. Hay que reconocer que, por fin, empieza a producirse una recuperación de la memoria histórica entre las izquierdas y comienzan a pedirse responsabilidades por las brutalidades realizadas por la dictadura franquista. Tales fuerzas no sólo deberían recuperar la memoria histórica, sino también exigir la corrección de injusticias realizadas durante la dictadura, pidiendo responsabilidades políticas, jurídicas y económicas de las personas y empresas que obtuvieron beneficios a costa de aquellas violaciones. Las Cortes y los parlamentos autónomos también deberían prohibir todos los símbolos franquistas, incluidos monumentos y nombres de calles, y habría que enseñar en las escuelas que no se puede ser demócrata sin ser antifranquista. Ni que decir tiene que las derechas vetarían tales esfuerzos, mostrando una vez más su insensibilidad democrática, pero tales peticiones deberían incorporarse en los programas de las fuerzas democráticas para contribuir a crear una cultura democrática en nuestro país.

Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra.