Los constructores preocupados por la mala imagen del sector

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) se ha propuesto lavar la maltrecha imagen del sector tras el escándalo en la Asamblea regional protagonizado el pasado verano por los ex socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, inmersos, supuestamente, en una trama de intereses inmobiliarios. Asprima ha puesto a disposición de sus asociados, que acaparan más del 60% del mercado, un sello de calidad que certificará que sus contratos cumplen con la ley. La asociación pretende "atajar de forma preventiva el fraude en la vivienda en la Comunidad y proteger los derechos del consumidor", en palabras de su presidente, Rafael Santamaría.

Los asociados presentarán su modelo de contrato, y el servicio jurídico de Asprima, una vez comprobado que se ajusta a la legalidad, le dará el sello, pero sólo para esa promoción en concreto. El comprador de la vivienda podrá solicitar a la promotora el original del contrato sellado por Asprima para asegurarse de que es exactamente igual al que va a firmar. Los asociados pedirán voluntariamente el certificado, pero Santamaría espera que "cuando se vayan acogiendo unas empresas, las demás se sientan presionadas a hacer lo mismo".

El sello corresponde sólo al contrato base -no puede entrar en las cláusulas que acuerdan libremente vendedor y comprador-, y recogerá la libre elección del notario por parte del usuario o el hecho de que los gastos de subrogación han de correr a cargo del promotor, entre otros problemas con los que se puede topar el comprador. Esta medida trata, básicamente, de infundir confianza en los usuarios, al igual que el código ético que Santamaría presentó ayer revisado y actualizado y por el que los asociados de Asprima se comprometen a actuar de acuerdo con la ley o a cumplir estrictamente los términos del contrato, entre otros. El mayor castigo por el incumplimiento del código es la inmediata expulsión de la asociación.

Propuestas a la Comunidad

Asprima ha propuesto una serie de medidas al Gobierno regional para evitar el fraude en las promociones de viviendas de protección oficial. Dentro de las negociaciones que está manteniendo el Ejecutivo autonómico, la Federación de Municipios y diferentes organismos del sector inmobiliario sobre los pliegos de condiciones para los concursos públicos para construir viviendas de protección oficial, la asociación ha propuesto que los agentes inmobiliarios -gestores de cooperativas o promotores- estén obligados firmar un documento notarial con los todos los gastos y la inversión prevista, primero, y la finalmente realizada, con los precios que estipula la Comunidad, al final. Se evitaría de esta manera una práctica muy extendida que consiste en cargar sobreprecios en la compra de estas viviendas en concepto de derramas o de compra -obligada- de, por ejemplo, una segunda plaza de garaje o un local comercial.