La Casa Blanca pide 25 millones para Afganistán e Irak
La Casa Blanca no esperará hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre y ayer solicitó al Congreso 25 millones de dólares para financiar sus operaciones militares en Irak y Afganistán. El número dos del Pentágono, Paul Wolfowitz, acudió a Capitol Hill para informar a los líderes republicanos de las necesidades del Ejército. La cantidad -computada en el presupuesto del año fiscal de 2005, que comienza el 1 de octubre-, servirá para cubrir asuntos básicos: gasolina, comida y personal.
"La Administración está solicitando una enmienda presupuestaria de 25 millones de dólares para apoyar nuestras operaciones en el extranjero", confirmó anoche el senador por Tennessee, Bill Frist, líder de la mayoría republicana, tras entrevistarse con Wolfowitz. Esta petición refleja un giro en la estrategia, pues la Casa Blanca era reacia a dar este paso antes de las elecciones. En las últimas semanas habían asegurado que no estaba previsto solicitar más dinero tras recibir 87,5 millones en noviembre.
Por otra parte, el Reino Unido convocó ayer a los embajadores de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU (entre ellos España) para empezar a discutir las bases de una nueva resolución que refrendaría al futuro Gobierno interino iraquí y aprobaría el despliegue de una fuerza multinacional tras el traspaso parcial de poder previsto para el 30 de junio.
El texto, que está siendo redactado por EE UU y por sus aliados británicos, no será distribuido hasta que se conozcan los nombres de los integrantes del nuevo Gobierno provisional iraquí, señalaron diplomáticos que han sido convocados a la reunión. Este encuentro en el Consejo de Seguridad coincidirá con la llegada a Bagdad del enviado especial del secretario general de la ONU para Irak, el diplomático argelino Lajdar Brahimi, con el fin de ayudar a diseñar ese nuevo Ejecutivo iraquí.
El objetivo de la reunión es escuchar los diferentes puntos de vista, que podrían ser trasladados al borrador de resolución, cuya adopción está prevista para junio. Una de las principales cuestiones pendientes es cuánta soberanía tendrá, de facto, el nuevo Gobierno iraquí después de la entrega de poder. Tampoco está claro quien controlará a los miles de prisioneros iraquíes que se encuentran actualmente detenidos, sobre todo después del escándalo de las torturas en Abu Ghraib.
La resolución debería definir el papel que la ONU -actualmente no tiene empleados extranjeros destacados en Irak-, jugará en el futuro del país, sobre todo en la planificación de elecciones, la elaboración de una Constitución y el control del respeto de los derechos humanos.
