El anterior Gobierno dejó sin resolver los planes de purines de 10.000 granjas

El Gobierno tripartito se ha encontrado con 6.000 expedientes sin resolver que afectan a la gestión de los purines de 10.000 granjas. La situación de alegalidad de estas empresas era especialmente grave, porque no podían acceder a las subvenciones europeas ni para la producción ni para los aspectos medioambientales. La solución provisional ha sido establecer una moratoria hasta finales del próximo año, en principio, que permita a estas granjas acceder a estas ayudas y elaborar un plan de actuación que será pactado con el sector porcino y también con los grupos parlamentarios. Así lo anunciaron ayer al alimón los consejeros de Agricultura, Antoni Siurana, y Medio Ambiente, Salvador Milà.

El Gobierno cree que el sistema anterior fallaba por la base. Era especialmente burocrático y, además, potenciaba la confusión. "Si quieres ser engañado, lo que hay que hacer es trasladar el problema [de la eliminación de purines] a quien no puede resolverlo en la realidad, aunque sí lo haga documentalmente", dijo Siurana.

Esto, añadió, es lo que venía ocurriendo. Los granjeros presentaban un proyecto de eliminación de residuos que, en ocasiones, suponía el traslado a zonas donde podían ser vertidos. Pero el expediente se dilataba hasta tal punto que cuando se concedía la licencia ya no se disponía de las tierras. Además, precisó Milà, a partir de cierta distancia era tan antieconómico que no se hacía aunque se declarara.

El futuro, aseguraron, será distinto. Para empezar, hay que partir de que el problema no es del agricultor individualmente y, por lo tanto, la Administración debe colaborar a buscar una solución global. Además, el problema no es exclusivo del porcino. Hay zonas (los consejeros se refirieron al Maresme) en las que la contaminación de origen mineral por nitrato de Chile es tan preocupante como la de purines.

Además, se cambiará también el proceso administrativo y se dará la licencia en cuanto el agricultor la solicite, suponiendo que cumplirá lo que dice; después se realizarán inspeccciones y se impondrán sanciones cuando se vulneren las normas.

Milà aseguró que el nuevo plan busca garantizar la continuidad de plantas de tratado de purines que, dijo, se encuentran en peligro de viabilidad económica. No obstante, es imprescindible, añadió, que las normas se amplíen a toda España, para evitar la competencia desleal, y así se lo comunicará hoy a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.