Vivienda acusa a Eudel de recurrir su orden para preservar el "clientelismo"

El Departamento de Vivienda elevó ayer un grado su ya agrio enfrentamiento con la asociación de municipios Eudel y consideró que el recurso judicial que ésta ha anunciado contra la orden de adjudicación de las viviendas protegidas pretende simplemente preservar el "enchufismo". El viceconsejero Javier Dean sostuvo que algunos alcaldes "quieren mantener el privilegio de adjudicar viviendas de protección oficial a dedo, por clientelismo político y enchufismo".

La norma del Ejecutivo, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco el 17 de marzo, obliga a los ayuntamientos a cumplir las mismas condiciones que las promociones de pisos protegidos de la consejería: adjudicación por sorteo, obligación de figurar en el listado de Etxebide (el Servicio Vasco de Vivienda, donde se inscriben los demandantes de pisos) y obtención de la calificación provisional de las promociones, que incluye los planos de las casas y las características del edificio.

La ejecutiva de Eudel, integrada por el PNV, EA, PSE y PP -no está IU, que dirige Vivienda-, acordó la pasada semana recurrir la orden al Contencioso al estimar que invade la competencia municipal. Criticó la falta de cooperación para su elaboración, su obsesión "reglamentista" y la imposición del listado de Etxebide, sin tener en cuenta los registros municipales de demandantes.

Dean rechazó ayer cualquier tipo de invasión de competencias locales y mostró su sorpresa por el recurso judicial anunciado: "No deberían poner reparos. ¿Por qué no quieren adjudicar todas las viviendas de manera transparente?".

El viceconsejero aseguró que son "vox populi" los casos de alcaldes "con listas de bolsillo" de personas a las que se deben adjudicar viviendas protegidas de promotores privados, una situación que se atajó en noviembre con la orden que obliga al sorteo. "No hemos cerrado esta vía fraudulenta para que ahora los ayuntamientos de Eudel vengan a abrir otra vía de adjudicación no regular", añadió.

El viceconsejero agregó que, con el sistema anterior, se daban los casos de "alcaldes y corporativos que, por su relación estrecha con constructores, tenían una vía de acceso para adjudicaciones no transparentes". Incidió en que la clave de las negociaciones con Eudel para aprobar la orden, iniciadas en octubre, estuvo en que los ayuntamientos querían "mantener una zona oscura en la adjudicación de viviendas de protección oficial, fuera del procedimiento transparente, y el departamento no lo puede aceptar".

Dean enfatizó que "lo único relevante" de la disposición del Ejecutivo es la obligación de la adjudicación mediante el sorteo público "y esto es lo que los alcaldes representados en la comisión ejecutiva de Eudel no quieren aceptar".

Rechazó que la consejería haya sido inflexible en las negociaciones con Eudel y señaló que los ayuntamientos tienen concesiones para los criterios de participación en los sorteos, como la organización de cupos especiales de pisos para jóvenes o parejas o el establecimiento de un periodo de empadronamiento mínimo de 10 o 15 años para optar a una vivienda. Agregó que la consejería no comparte estos requisitos, pero que los aceptaron para llegar a una acuerdo. "La comisión ejecutiva de Eudel tiene una posición muy conservadora en los últimos tiempos en asuntos como vivienda, ley del suelo o subcontratación", apostilló.

"Falta grave de respeto"

Dean rechazó las argumentaciones del alcalde de Vitoria, el popular Alfonso Alonso, quien ha dicho que la orden retrasará la construcción de mil pisos protegidos en la ciudad. "Utiliza esta controversia para ocultar la falta de agilidad en la gestión", afirmó el viceconsejero, tras puntualizar que Vitoria no está en condiciones de sortear "más allá de 300 viviendas" este año.

Eudel respondió horas después difundiendo un durísimo comunicado en el que calificó las palabras de Dean de "falta grave de respeto interinstitucional" y de "irresponsabilidad política incomprensible" por dudar de la legalidad del comportamiento de algunos alcaldes.

Para la asociación municipal, el departamento ha buscado "manchar el buen nombre de los ayuntamientos" con el fin de "esconder el fracaso de una política" del departamento que dirige Javier Madrazo "asentada en la propaganda y la incapacidad de alcanzar acuerdos con nadie".

Tras recalcar que Dean "falta a la verdad" al sostener que los ayuntamientos rechazan el sistema de sorteos, insiste en que la orden que se recurrirá ante los tribunales -trámite que se formalizará este mes puesto que esta semana se encomienda la denuncia a un abogado- "es un ejemplo claro de buenas palabras y hechos contrarios a la autonomía municipal". A su juicio, impide a los ayuntamientos desarrollar políticas locales de vivienda.