Las asociaciones judiciales ponen reparos a la reforma legal

El anuncio del ministro del Interior, José Antonio Alonso, sobre la puesta en marcha una ley que controle las actividades de los imames en las mezquitas para evitar que desde éstas se difundan ideas que justifiquen o promuevan el terrorismo islamista ha provocado una cascada de reacciones de colectivos judiciales, que han reclamado prudencia al Gobierno. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) considera que esta medida podría vulnerar el derecho a la libertad religiosa si no existiesen indicios de algún delito, como el incitar a la violencia. Su portavoz, José Manuel Suárez, se refirió a que esta necesidad de sospechas se aplica en otros ámbitos, "como en el caso de las intervenciones telefónicas, que para ser autorizadas por los jueces es necesario que exista ese indicio de criminalidad".

En la misma línea se manifestó la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que se muestra favorable a que se actúe contra los líderes religiosos musulmanes sobre los que existe constancia de que están alentando a la comisión de actividades de carácter terrorista, pero su portavoz, Manuel Torres, alerta sobre la peligrosidad de "establecer restricciones de carácter preventivo a la libertad de culto y a la libertad de expresión, como intentar conocer por anticipado lo que se va a decir en las mezquitas".

El portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel Carmona, aseguró, por su parte, que cualquier regulación en este sentido, "no podría ser discriminatoria de unas religiones respecto a otras", se presenta como "muy problemática y delicada porque bordea todos los derechos fundamentales básicos".

"Un oasis de paz y oración"

Las palabras del ministro han causado indignación entre los representantes musulmanes. El imam Riay Tatary, portavoz de la Unión de Comunidades Islámicas, aseguró ayer que las mezquitas son "un oasis de oración y paz", y los imames "guías para el bien y la convivencia", por lo que "no pueden apoyar bajo ningún concepto un hecho violento". Y destacó la equivocación de relacionar al islam con la violencia: "Los que creen que con más vigilancia sobre los centros de oración se está combatiendo el terrorismo están en un error, ya sea por falta de información o por desconocimiento de la realidad musulmana". Una idea en la que abunda el portavoz del Centro Cultural Islámico de Madrid, Mohamed Elafifi: "Las declaraciones del ministro no tienen rigor y crean confusión".

Sobre la posibilidad apuntada por Alonso de que se aplique ese registro de actividades religiosas a todas las confesiones, el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco, indicó que el derecho a la libertad religiosa implica que nadie puede ser coaccionado ni estorbado en el ejercicio individual y asociado de sus creencias religiosas por ningún poder, ni humano ni estatal. "Aquí radica el principio de la aconfesionalidad del Estado que se ha de mostrar neutral al respecto", aseguró.