Francia aprieta pero dialoga

El Gobierno francés se ha esforzado por favorecer la emergencia de una representación de los musulmanes en su país, el Consejo del Culto Musulmán, surgido hace un año con elecciones celebradas en las mezquitas. Pero en paralelo con ese intento, la policía y el Servicio de Contraespionaje vigilan estrechamente a los imanes sospechosos de radicalismo: cuatro han sido expulsados en lo que va de año y el quinto aguarda a que se decida su suerte en una carrera de iniciativas legales para evitar in extremis que le echen del país.

El primer ministro francés, Jean-Pierre Raffarin, resaltó ayer la dificultad que representa la presencia en su territorio de muchos imames extranjeros, en una reunión con varios corresponsales.

París quiere saber quiénes son los que dirigen la oración y que hablen francés

Chirac afirma que si es necesario se cambiará la legislación para echar a los integristas

El jefe del Gobierno de París quiere que el Consejo del Culto Musulmán le diga al Ejecutivo quiénes son los imames responsables del culto y que éstos hablen la lengua nacional, esto es, francés.

Para Raffarin, "no es imposible" que el Estado ayude a la formación de los imames, a fin de que la religión musulmana (la segunda de Francia) no siga dependiendo del extranjero.

Mientras se multiplican los intentos de diálogo, un servicio muy peculiar de la policía francesa ("Les Renseignements généraux", las investigaciones generales) vigila a los radicales. A finales de 2003, ese servicio estableció un censo de 32 mezquitas controladas por tendencias extremistas (la corriente salafista, el Tabligh, el Kaplanci turco) sólo en la región de París, que cuenta con 373 lugares de culto conocidos por las autoridades. En total se estima en más de un millar el número de lugares de culto musulmán en Francia, bastantes de ellos semiclandestinos.

Los sospechosos son tratados de diferentes maneras. Los considerados más peligrosos van a la cárcel: así ha ocurrido con el argelino Chellali Benchellali, uno de los imanes de Vénissieux (en la periferia de Lyon), preso desde el 6 de enero como sospechoso de terrorismo. Este hombre es el padre de uno de los franceses prisioneros de los norteamericanos en Guantánamo y de un detenido en Francia por sospechas de estar implicado con el terrorismo checheno.

Otros dos imames fueron simplemente expulsados en enero por orden gubernativa: uno ejercía en Mulhouse (este de Francia) y el segundo era un predicador de París que estaba en Turquía cuando se dictó la orden, de forma que, en realidad, lo que se le ha prohibido es que vuelva a poner los pies en Francia.

Dominique de Villepin, nombrado ministro del Interior hace poco más de un mes, ha reanudado la política de expulsiones emprendida por Nicolas Sarkozy, su antecesor. Abdelkader Yahia Cherif, un argelino que ejercía como imam en Brest (Bretaña), fue embarcado el 15 de abril, rumbo a Argelia, por "amenazas a la seguridad del Estado".

Una semana después, el también argelino Abdelkader Bouziane, imam de Vénissieux, fue introducido en un avión, con destino a Argel, sin darle tiempo a recurrir: estaba vigilado desde hacía meses, pero el desencadenante de la expulsión sin contemplaciones fue una declaración a una revista local de Lyon, en la que defendió los castigos físicos a las mujeres, la lapidación y la poligamia. El Gobierno entendió que su caso entraba en los cuatro previstos por las legislación para la expulsión gubernativa: terrorismo, alteración del orden público, atentado contra los intereses del Estado o actos contra la integridad de las personas a causa de su origen o religión.

A posteriori, el abogado del imam logró que un tribunal desautorizara la expulsión; así que el imam ha pedido un visado en Argel para intentar volver a Francia. Sin embargo, el presidente de la República, Jacques Chirac, puntualiza: "Si hace falta modificar nuestra legislación para no volver a caer en casos de esta naturaleza, se modificará la legislación de modo que se pueda expulsar a los autores de ese tipo de comportamientos".

La prueba de que las autoridades no van a parar es el caso de Midhat Güler, un comerciante turco rector de una mezquita parisiense, señalado por la policía como el representante en Francia de un movimiento extremista turco denominado Kaplanci: fue detenido el sábado y conducido al aeropuerto para su expulsión inmediata, que su abogado evitó presentando una solicitud de asilo político.

Ésta fue rechazada, pero dio tiempo al abogado de pedir un interdicto judicial contra la expulsión, resuelto por el juez con una asignación de residencia forzosa que, de momento, puede evitar su salida del país.

Villepin ha pedido al Consejo del Culto Musulmán que coopere para separar a los integristas violentos del conjunto de la comunidad musulmana. El problema del Gobierno es que el actual presidente del Culto Musulmán, Dalil Boubaker, es un moderado que está en minoría. No obstante, el líder de la UOIF -la tendencia más radical dentro del órgano representativo- aún lamentando la "teatralidad" de las expulsiones, se dice dispuesto a "llamar al orden a los que descarrilan".