¿Sólo para turistas?

Segundos antes de las doce del mediodía, ocho hombres vestidos de negro se dirigen a la puerta de los apóstoles de la catedral de Valencia precedidos por un alguacil. El rito, que se repite cada jueves desde hace siglos, arremolina en el lugar a cerca de 200 curiosos que quieren ver en directo una sesión del Tribunal de las Aguas de Valencia, la institución jurídica más antigua de España y probablemente de Europa.

El público forma a su paso un pasillo humano más propio de las estrellas del fútbol que de la tradicional sobriedad de los agricultores valencianos. Apretados, haciendo esfuerzos para alcanzar a ver a los ocho síndicos ataviados con blusones y sentados en semicírculo, guardan silencio para escuchar al alguacil, que, siempre en valenciano, enumera las ocho acequias del río Turia bajo jurisdicción del Tribunal: Quart -que incluye los brazos de Benager y Faitanar; Tormos; Mislata; Mestalla; Favara; Rascanya; y Rovella. Ante la ausencia de denuncias, y como casi todas las semanas, el Tribunal se autodisuelve en poco más de tres minutos.

El organismo se resiste a manifestar cualquier opinión que pueda considerarse política

Con una extrañeza próxima a la indignación, una turista italiana pregunta por qué se levantan los síndicos, y adónde van los espectadores.

-É finito ya- responde un dudoso políglota.

-Y entonces, ¿por qué viene tanta gente?

-Para ver la liturgia.

Claramente insatisfecha, la italiana acoge la explicación con aire de pensar están locos estos valencianos. Su reacción, no obstante, es excepcional. El resto de asistentes parece conforme con lo que entienden como un espectáculo arcaico: Los síndicos se encaminan a la casa del Vestuario, situada justo enfrente de la catedral, mientras otro turista repite en tono declamatorio y con acento andaluz: "Denunciants de Rascanya, denunciants de Rovella, denunciants...". A su lado, dos mujeres entradas en años, que han ocupado una de las primeras filas, preguntan si alguien les puede traducir lo que acaban de oír, petición a la que acude solícito, folleto explicativo en mano, el mencionado turista andaluz.

El Tribunal de las Aguas se ha convertido en un incontrovertible reclamo turístico. Cosa distinta es saber si ha quedado reducido a ello. Su presidente, Vicente Nacher, defiende con énfasis lo contrario: "El Tribunal es útil, está vigente y por eso sigue existiendo". Como prueba de su vigencia, Nacher aporta el número de hanegadas de huerta que están bajo su jurisdicción, que distintas fuentes cifran entre 9.000 y 17.000 y que él eleva a 75.000. Con este número, sin embargo, el presidente del Tribunal parece referirse a un área más amplia, ya que añade que estos cultivos se extienden hoy casi hasta Chelva, comarca de Los Serranos.

Más eficaz parece su siguiente y doble argumento: el dinero y el tiempo. Aunque Nacher reconoce que la institución conoce hoy día menos casos que en el pasado -unos cinco en lo que va de año- razona que si no estuviera el Tribunal, los agricultores tendrían que adentrarse en el mundo de la Justicia ordinaria para resolver sus disputas: "Tendrían que ir a juicio, pagar las costas, contratar abogados y esperar la sentencia".

Frente a este panorama, el Tribunal les ofrece un procedimiento gratuito, inmediato y extremadamente sencillo, que ha resuelto sus conflictos durante siglos. En caso de no cumplirse, las sentencias tienen carácter ejecutivo para la justicia ordinaria, que debe limitarse a hacerlas cumplir.

Nacher, síndico de la acequia de Rovella, insiste en que "aparecer en las guías turísticas no es cosa del Tribunal, y no significa que se haya convertido en simple folclore". "Si hay menos sentencias que en el pasado será porque los labradores hemos aprendido, y respetamos más las normas", aventura.

Una de las razones que han permitido a esta institución perdurar tantos años es su resistencia a manifestar cualquier opinión que pueda considerarse política. Así explican sus miembros su silencio ante la implacable disminución de las tierras dedicadas al cultivo en las zonas próximas a la capital y a organismos como el puerto.

Esta pasividad, que habrá quien no deje de juzgar política, incluye el último asalto: el anuncio de la alcaldesa Rita Barberá de que construirá miles de viviendas de protección oficial sobre estos terrenos. Receloso a valorar la cuestión, el presidente opina que "contra la ley de mercado no se puede ir".

La acequia de Rovella, de la que es síndico, fue la perjudicada por las expropiaciones llevadas a cabo en La Punta con motivo del desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del puerto. Él mismo perdió una hanegada, admite que es duro que a un agricultor le quiten aquello que ha trabajado durante toda la vida, pero concluye que "hay muchas cosas que también son importantes para la sociedad". Prudente, añade que las compensaciones por la expropiación "deberían permitir comprar otros terrenos y conservar el oficio", extremo que no parece cumplirse hoy.