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Reportaje:

La valla de la discordia

Dos comunidades de propietarios, enfrentadas por el cierre de una finca que dificulta el paso a 600 familias

Sobrepasada una cierta edad, existen muchas posibilidades de que la farmacia se convierta en imprescindible en la vida de una persona. A sus 73 años, Justa Rodríguez no escapa a esta máxima. Presenta un cuadro médico completo: hipertensión, problemas cardiovasculares, prótesis en una rodilla que le obliga a usar bastón... Sin embargo, el puro trámite de ir a comprar sus medicinas se ha convertido en un quebradero de cabeza. Y no por su cojera.

Justa vive en la calle de Cullera, en el Poblado Mínimo de los Cármenes (distrito de Latina), y se siente aislada. La culpa la tiene un paso entre dos edificios por el que durante más de cuarenta años se pudo acceder a la calle de Alhambra, donde están la botica y los principales servicios del barrio, como el metro y el autobús. Hace dos años, los vecinos de estos dos bloques decidieron cerrar el paso "por necesidad", como dice el representante de las comunidades de propietarios, Manuel Rodríguez. Para Justa y otras 600 familias de Cullera, esta decisión fue ilegal.

La cerca tiene permiso del Ayuntamiento, que ignora de quién es el terreno

El barrio está en pie de guerra. Para unos, la valla es necesaria; para otros, injusta

Las comunidades de propietarios de los números 66 y 68 de Alhambra levantaron en junio de 2002 una cerca, con un portón mecánico incluido, para bloquear el paso que los habitantes de la calle de Cullera utilizaban habitualmente.

Manuel Rodríguez explica que "la presencia constante de cristales, defecaciones y ropa abandonada dificultaba muchísimo que se pudiesen aparcar los coches". Pidieron la pertinente licencia municipal para levantar la valla, que les fue concedida por el anterior concejal de Urbanismo, Sigfrido Herráez. Sin embargo, los vecinos de Cullera alegan que parte del terreno que se ha cercado es propiedad del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) y que otra parte pertenece a la Tesorería General de la Seguridad Social.

El barrio está en pie de guerra. Por un lado, los habitantes de los bloques que han levantado la cerca. Por el otro, los vecinos de Cullera que lo consideran "una injusticia". Y en medio, el Ayuntamiento, que según la concejal del distrito de Latina, Nieves Sáez de Adana, ha intentado buscar un acuerdo entre las partes.

"El enconamiento ha llegado hasta un punto en que parece imposible que alguna de las partes ceda. El Ayuntamiento tan sólo concedió la licencia de cerramiento, que se da sin perjuicio de terceros. Es decir, nosotros damos el permiso al margen de quién sea el propietario del terreno", aclara Sáez de Adana.

La concejal explica que el espacio entre ambos edificios no es legalmente una servidumbre de paso, ya que ésta nunca se ha solicitado, por lo que el cerramiento es "perfectamente legal según los criterios a los que tiene que atender el Ayuntamiento". "Conceder la licencia no es un acto discrecional, sino que está reglado", asevera.

En este punto de enfrentamiento irreconciliable ha surgido una nueva voz: el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) ha anunciado que hará valer sus derechos como propietario "de unos 700 metros cuadrados de la superficie, algo así como la mitad del terreno" y "ordenará la retirada de la valla", según un portavoz del instituto. "Otra cosa es lo que quieran hacer los vecinos del 66 y el 68 de la calle de Alhambra con el terreno que es suyo. El Ivima no se mete en eso, pero sí reclamará que no se cerquen sus propiedades", aseguran las mismas fuentes.

Los vecinos de Cullera aseguran que la intención última del cerramiento es construir un aparcamiento y sacar beneficio del alquiler de sus plazas. Esta zona de Madrid es particularmente insegura y un lugar cerrado donde dejar el coche se cotiza alto. Una persona que prefiere no identificarse asegura que ha utilizado ese aparcamiento para su vehículo privado, aunque no ha recibido factura alguna por ese alquiler.

Probablemente la concejal de distrito Sáez de Adana se quedaba corta al referirse al "enconamiento" de la situación. En estos momentos existe una querella por amenazas que Manuel Rodríguez ha interpuesto ante los tribunales contra uno de los vecinos de Cullera que lo increparon cuando comenzó a levantarse la valla.

Con semejantes mimbres, pensar en una solución al margen de los juzgados resulta complicado. Otro vecino de Cullera, Alfonso Candelas, llama la atención sobre otros problemas potenciales que puede acarrear el cerramiento: "Si hay una emergencia, se está impidiendo el acceso a los vehículos a una zona en la que hay mucha gente mayor. Además, los niños del colegio Bienaventurada Virgen María han tenido que cambiar su rutina para bajarse del autobús una parada antes o una después".

Otro argumento al que se aferran los afectados es que la valla incumple una de las prescripciones particulares de la licencia municipal. Ésta ordena que "la puerta de acceso de vehículos no contará con ningún tipo de cerradura, candado o similar". Sin embargo, el portón verde que permite la entrada o salida de los coches está perpetuamente cerrado, según Rodríguez, "por motivos de seguridad". La concejal de distrito asegura que se ha requerido a las comunidades de propietarios de estos inmuebles que eliminen las cerraduras. "Ésta es una cláusula que va dirigida al paso de los vehículos de emergencia", aclara Sáez de Adana, "así que sólo tienen dos opciones: o prescindir del cierre o contratar a un vigilante las 24 horas".

El dúo catalán Estopa se hace una pregunta en el título de su último disco: ¿La calle es tuya? La misma cuestión mantiene enfrentados a los vecinos de Cullera y Alhambra por algo más que una valla. Cada día, la farmacia parece un poco más lejos para Justa Rodríguez.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 2 de mayo de 2004