Vallès asegura que no pactará cambios en la Ciudad Judicial

Los cambios en la Ciudad Judicial no sólo afectarán al urbanismo, sino también al modo de financiación. El consejero de Justicia, Josep Maria Vallès, explicó ayer que se están estudiando nuevas fórmulas para que el proyecto tenga "el menor coste posible", y que una de ellas podría ser la construcción de viviendas de libre mercado, así como oficinas comerciales y otros equipamientos ya previstos.

Las cifras oficiales facilitadas ayer revelan que la superficie bajo rasante destinada a espacios judiciales se reduce en el nuevo proyecto en más de 59.000 metros cuadrados, pero se mantiene intacto el espacio de 22.000 metros para oficinas y equipamientos comerciales de todo tipo. Vallès explicó ayer que en las próximas semanas hablará con el consejero de Economía, Antoni Castells, para concretar la fórmula de financiación de la Ciudad Judicial.

"Lo que no se financie de una manera, se financiará de otra", explicó el consejero de Justicia, y dijo que "si se trata de un complejo útil al ciudadano, ha de ser lo menos gravoso posible". En contra de lo que se había dicho inicialmente desde el Departamento de Justicia, Vallès no aludió ayer a la posibilidad de construir pisos de alquiler para jóvenes en los terrenos de la Ciudad Judicial, que ocupan más de cinco hectáreas y que están situados en los solares que anteriormente ocupaban los cuarteles de Lepanto, en el límite entre L'Hospitalet de Llobregat y Barcelona.

El consejero de Justicia sí admitió, por el contrario, que en la zona se construyan edificios con algún "uso social" e insinuó que podría instalarse una residencia geriátrica. Con todo, Vallès reiteró que no hay nada definido y que el proyecto ejecutivo de la ciudad de la justicia no estará aprobado hasta, al menos, dentro de un mes y medio. Será entonces cuando se concrete si se mantienen los 11 edificios del proyecto, se suprimen algunos y se reduce la altura de otro, que en el proyecto inicial tenía 18 plantas.

Josep Maria Vallès también restó importancia a las críticas que ha generado en diversos sectores judiciales el hecho de que se dispersen los edificios con el nuevo proyecto frente a la concentración que recogía la propuesta del Gobierno de CiU. Con todo, anunció que se consultaría a jueces, abogados, procuradores, la fiscalía y otros operadores jurídicos, así como a los vecinos y los Ayuntamientos de Barcelona, aunque fue muy un claro: "La Administración puede establecer consultas, pero no pactos". También afirmó: "Éste es un acuerdo que tomamos sin gran entusiasmo, porque es mejor heredar un buen proyecto que corregir proyectos inaceptables, y lo más incómodo es lo que nos toca hacer".

"Ciudad fantasma"

Valles defendió el nuevo proyecto afirmando que descongestiona los edificios que antes presentaban unos riesgos muy elevados para su gestión, diversifica los usos burocráticos para impedir que la Ciudad Judicial se convierta en "una ciudad fantasma" durante muchas horas del día, y redistribuye los edificios actuales al conservarse únicamente los que son propiedad de la Generalitat.

El consejero de Justicia comparó también el proyecto urbanístico anterior con Manhattan o el centro de Bruselas, que acoge innumerables edificios burocráticos europeos. "No pensamos que ése sea un buen modelo urbano para Barcelona ni para L'Hospitalet", declaró.

Las cifras que baraja el departamento es que con el mantenimiento de seis edificios judiciales en diversos lugares de Barcelona, el número de usuarios diarios de la Ciudad Judicial se reducirá de 15.000 a 10.000 personas, al margen de los más de 3.000 funcionarios que trabajarán en ella.