Jaque a la Ciudad Judicial

En el futuro inmediato y también en el más lejano, la ciudad de Barcelona no dispondrá de la ciudad de la justicia, un proyecto emblemático que pretendía concentrar todos los órdenes jurisdiccionales de la ciudad en un solo espacio.

El Gobierno catalán ha tomado la decisión de deconstruir el proyecto iniciado la pasada legislatura, por razones técnicas, de seguridad, de movilidad y económicas...

Así lo han anunciado. Han anunciado que desisten del proyecto estrella del Gobierno anterior y que proponen un proyecto de dispersión de los órganos judiciales con dos áreas diferenciadas y alejadas entre sí.

Desde mi punto de vista, que lógicamente es subjetivo, se ha perdido una oportunidad histórica, la de concentrar y unificar en un solo espacio físico todos los órganos judiciales de la ciudad de Barcelona, con la sola excepción del Tribunal Superior de Justicia, hecho que suponía hoy agrupar el 60% de los órganos judiciales de Cataluña.

La ciudad de la justicia era un proyecto moderno, avanzado, estudiado urbanísticamente; era un proyecto seguro; era un proyecto consensuado con el mundo jurídico y judicial, pero por encima de todo era un proyecto que dignificaba el servicio de la justicia, lo racionalizaba, lo simplificaba y daba a los ciudadanos y a los profesionales una respuesta rápida y adecuada a sus necesidades.

El proyecto de la ciudad de la justicia como tal estaba en nuestra mente desde el inicio de los años noventa, pero la dificultad de encontrar un solar adecuado, así como la magnitud de la inversión, lo fue aplazando. El incremento de la planta judicial en los últimos 10 años, la necesidad de más espacio para la función de juzgar y la modernización de la oficina judicial, hacían necesario estudiar un proyecto diferente. Un proyecto que, de acuerdo con el ámbito judicial, concentrara todos los órdenes jurisdiccionales y todos los servicios. Finalmente, en 1999 se adquirió el solar de los antiguos cuarteles de Lepanto y empezó la cuenta atrás. Hay que añadir, en este punto, que el Ayuntamiento de Barcelona nunca colaboró con el Gobierno catalán para facilitar algún solar, sino que más bien puso obstáculos al proyecto del edificio judicial.

A partir de ahora, a partir del anuncio del Gobierno tripartito en la persona del consejero de Justicia, ya no se puede hablar de ciudad de la justicia. La Administración de justicia continuará dispersa por las calles de Barcelona y también en la plaza de Cerdà. Los diferentes servicios auxiliares también tendrán que fragmentarse, aún más, y los profesionales que colaboran con esta Administración, así como los ciudadanos, ya no tendrán un solo espacio físico para realizar sus trámites. El coste económico continuará siendo muy alto; la seguridad, más incierta, y el servicio no podrá ser eficiente y eficaz como se pretendía con el proyecto original.

Será más de lo mismo, más de todo aquello que ni la magistratura ni la fiscalía querían. Tampoco el mundo jurídico, ni los funcionarios. Será peor porque tendremos una mayor dispersión.

Desconozco si el Gobierno ha madurado suficientemente esta decisión o simplemente obedece a la idea de destruir aquello que había construido el Gobierno de CiU. No sé si han valorado suficientemente que con esta decisión se hace un mal servicio al país y, en este caso, a la justicia.

No creo que hayan valorado económicamente la solución propuesta. Yo creo que será más costosa y menos eficiente. Un Gobierno ha de tener una visión más amplia y a más largo plazo. Y a este Gobierno le hace falta tiempo, si es esto lo que le falta, para saber gobernar.

Un proyecto como éste requería un gran consenso institucional y jurídico. No han tenido en cuenta la opinión de los colaboradores directos de la Administración de justicia. Así se desprende de las declaraciones realizadas en los medios de comunicación. Tampoco la de los jueces, magistrados y fiscales. Un proyecto como éste debía gestionarse de otra forma, con participación y transparencia. ¿No es éste el discurso que hacía el Gobierno tripartito a principios de enero?

Aquel proyecto que dignificaba la justicia, que había sido un proyecto de todos, que daba una respuesta definitiva a los problemas de dispersión, apostando por la proximidad, que daba a la justicia una imagen singular y vinculada al servicio público que desarrolla y que la colocaba en el lugar digno, moderno y avanzado que le correspondía, duerme ya el sueño de los justos...

Si nos llenamos la boca pidiendo y defendiendo una justicia ágil, moderna y accesible para todos, la decisión del Gobierno tripartito realmente no va por esta línea.

Núria de Gispert i Català es diputada por CiU en el Parlament y ex consejera de Justicia e Interior.