El cambio en la Ciudad Judicial se hará contra la opinión de jueces y abogados

La opinión contraria de jueces y abogados no ha alterado los planes de la Generalitat de modificar el proyecto de la Ciudad Judicial en los terrenos de los antiguos cuarteles de Lepanto. El Gobierno catalán aprobó ayer modificar el proyecto con el convencimiento de que la judicatura acabará entendiendo los argumentos para cambiar el proyecto de CiU porque "rozaba lo no sostenible" .

El portavoz del Gobierno catalán, Joaquim Nadal, atribuyó ayer las críticas de abogados, procuradores y el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Guillem Vidal, al nuevo proyecto de Ciudad Judicial a una "insuficiente explicación" de la decisión adoptada por la Generalitat. "Estoy convencido de que la judicatura sabrá entender los argumentos cuando conozca el alcance del acuerdo", sentenció Nadal tras la reunión del Consell Executiu.

El portavoz del Gobierno replicó también las críticas de la ex consejera de Justicia Núria de Gispert alegando que, con su decisión de modificar la Ciudad Judicial, el nuevo Ejecutivo "no ha querido cargarse el proyecto estrella de nadie", sino atajar "el riesgo de que el proyecto naciera estrellado".

Nadal reiteró que la dimensión de la Ciudad Judicial proyectada inicialmente "rozaba lo insostenible" y agregó que el primer proyecto planteaba "contraindicaciones", entre las que las que citó "la excesiva concentración y densidad de una actividad monográfica", lo que suponía una "desertización" de las instalaciones por las tardes y durante los días no laborables, "con gastos de seguridad y problemas de funcionalidad" evidentes. Nadal también citó argumentos de carácter económico y destacó, en este sentido, que el nuevo proyecto supone un ahorro inicial de 30 millones de euros respecto a la previsión realizada en 2003, cuando se estableció un coste total de 486 millones de euros. Los responsables del Departamento de Justicia aseguraron hace unos días que el ahorro sería de entre 40 y 50 millones.

Según el portavoz del Gobierno catalán, antes de que la Generalitat diera a conocer públicamente la modificación del proyecto, el consejero de Justicia, Josep Maria Vallès, informó a la fiscalía, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Colegio de Abogados y a los ayuntamientos de Barcelona y L'Hospitalet. Sin embargo, el decano de los abogados de Barcelona, Jaume Alonso-Cuevillas, ha negado que se produjese esa consulta, y Guillem Vidal y el fiscal José María Mena afirman que sólo se les consultó sobre la distribución de los edificios y no sobre la idea de desconcentrarlos y mantener seis de los 19 que actualmente funcionan en diversos emplazamientos de la ciudad de Barcelona.

El nuevo proyecto prevé una Ciudad Judicial con 65.000 metros cuadrados menos, lo que significará una "reducción significativa de la densidad y una mejora de la diversidad de las actividades". Nadal explicó que no se ha estudiado "ni legalmente la posibilidad de edificar vivienda protegida o libre" en los metros cuadrados que finalmente no se destinarán a equipamientos de la Ciudad Judicial.

Por otra parte, el Gobierno también aprobó un crédito extraordinario por un importe máximo de 20 millones de euros para pagar "de forma inmediata" las ayudas para la recuperación de los olivos afectados por las heladas de diciembre de 2001. La Generalitat, dijo Nadal, "asume finalmente el compromiso del anterior Gobierno, que no tenía dotación presupuestaria" para esta finalidad. También se destinarán cinco millones de euros a la construcción de una variante en Sant Jordi Desvalls (Baix Empordà) y la supresión del paso a nivel de Renfe en este municipio.