El Ayuntamiento de Rincón crea una comisión de investigación sobre la riada

El pleno municipal de Rincón de la Victoria (Málaga) aprobó ayer con el voto unánime de los seis grupos políticos constituir una comisión de investigación sobre las causas de las inundaciones que padeció la ciudad el pasado 28 de marzo, que causaron daños por 30 millones de euros. Según el acuerdo, las conclusiones de la comisión serán remitidas a la Fiscalía para que determine si cabe exigir responsabilidades penales.

Las conclusiones se enviarán a la Fiscalía para que decida si cabe exigir responsabilidades

En el último pleno hace tres semanas, el equipo de Gobierno municipal que preside el socialista José Domínguez Palma rechazó la petición de IU y otros grupos de la oposición para crear una comisión de investigación. Ayer, en cambio, en un pleno extraordinario monográfico sobre el asunto, los 31 concejales votaron a favor de la iniciativa.

La comisión tendrá la misma composición de la de Urbanismo, por lo que estarán representados los seis grupos políticos municipales. El alcalde anunció ayer que en unos 15 días quedará constituida y se aprobará el reglamento de funcionamiento. El concejal de IU, Antonio Clavero, anunció que su grupo pedirá la comparecencia de responsables de la Confederación Hidrográfica del Sur y de la Dirección General de Costas, así como de instituciones con competencias urbanísticas como la Consejería de Obras Públicas y del propio ayuntamiento. "No hay que olvidar que ha habido licencias de obras en los márgenes de los arroyos que han invadido los cauces, y que fueron otorgadas por el consistorio", aseguró. IU también tiene intención de citar a expertos y técnicos independientes, entre ellos al grupo ecologista Gena, autor de un informe en el que atribuye como principal causa de la riada la insuficiencia de los cauces y de los embovedados de los arroyos realizados en los últimos años y que ha servido de base a una plataforma ciudadana para poner una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga.

IU, que también requirió hace una semana al ministerio público a que depure responsabilidades, ha pedido además al consistorio una moratoria en las licencias de obra sobre los márgenes de los arroyos.

Un mes después de las inundaciones se han conocido ya varios informes que coinciden en apuntar las mismas causas. Uno de ellos, realizado por la Sociedad de Promoción y Desarrollo (SOPDE) como uno de los documentos de diagnóstico para el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), está datado en julio de 2003 y alertaba del riesgo del desbordamiento de los cauces en caso de lluvias fuertes debido a la ocupación de los cauces y preveía situaciones con nombres concretos de arroyos y calles que se dieron en la madrugada del pasado 28 de marzo. Uno de los argumentos empleados en la denuncia por la plataforma ciudadana de Rincón es que la situación de riesgo era sobradamente conocida por la autoridades sin que pusieran los medios para evitarlas.

En el pleno de ayer salió a relucir toda esta situación, de la que los grupos políticos hacen primer responsable a la Confederación Hidrográfica del Sur, por autorizar la ocupación de los cauces, y a la que reprocha además que el año pasado no autorizara al consistorio a la limpieza y dragado de los cauces.

Pero además, otra de las administraciones puestas en entredicho es la Dirección General de Costas por el diseño del paseo marítimo, que al estar construido sobre una cota elevada hizo de dique a las aguas desbocadas de los cauces y fue la causa de las graves inundaciones en el barrio de Pescadores.

Domínguez Palma informó ayer de que la subdelegación del Gobierno ha recibido ya 400 peticiones de ayudas. Además, la Junta ha abonado hasta el momento a 160 afectados cantidades a fondo perdido de entre 2.000 y 3.000 euros.