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EL REGRESO DE LAS TROPAS | La situación en Irak

Una "tranquila zona hortofrutícola" en llamas

EE UU provocó el levantamiento chií en las dos provincias bajo responsabilidad española

El pasado 3 de abril, la esposa de Mustafá al Yaqubi, representante en Nayaf del imam radical chií Múqtada Al Sáder, se presentó en la base Al Andalus preguntando por su marido. Había sido detenido el día anterior y, según sus noticias, se encontraba recluido en el acuartelamiento hispano-salvadoreño. Pero el clérigo no estaba en poder del contingente español y su jefe, el general Fulgencio Coll, ni siquiera había sido informado por los máximos responsables de la coalición, el administrador Paul Bremer y el general Ricardo Sánchez, de su decisión de intervenir en Nayaf, a pesar de que esta provincia se encontraba en teoría bajo responsabilidad del mando español.

Al día siguiente, una multitud se concentró ante base Al Andalus para exigir la liberación del detenido. La protesta degeneró en una batalla campal que se saldó con la muerte de más de 20 iraquíes, la mayoría por disparos de mercenarios a sueldo de una empresa privada de seguridad, así como un soldado estadounidense y otro salvadoreño.

Ese día se rompió el equilibrio tejido cuidadosamente durante ocho meses por los militares españoles. Diwaniya y Nayaf dejaron de ser dos "tranquilas provincias hortofrutícolas", en palabras del anterior ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa.

La oposición del joven imam Múqtada a las fuerzas de ocupación era notoria. Cada viernes la expresaba a través de sus sermones en la vecina mezquita de Kufa. Pero los mandos españoles la interpretaban en clave de soterrada lucha por el poder en el seno de la comunidad chií, mayoritariamente seguidora del más conciliador imam Al Sistani.

Incluso habían llegado a un acuerdo con la milicia armada de Múqtada, el llamado Ejército del Mahdi, a la que se permitía conservar sus armas siempre que no las exhibiera en la calle.

En algún despacho de Washington se decidió que había que neutralizar al líder radical chií antes del 30 de junio, fecha prevista para la transferencia de soberanía a las nuevas autoridades iraquíes, y con ese objetivo se desenterró un proceso judicial abierto contra Múqtada por su presunta implicación en el asesinato de otro clérigo, en agosto del año pasado. El resultado fue una orden de busca y captura contra él, "vivo o muerto".

Al Gobierno español no se le consultó esta decisión, según fuentes de Defensa. Una brigada del Ejército estadounidense, con 2.500 efectivos, se estableció a las afueras de Nayaf con la amenaza de entrar en la ciudad santa a menos de que Al Sáder aceptara entregarse y desarmar su milicia.

La única opción que se dio a las tropas españolas fue la de colaborar en la operación. Ello suponía, según fuentes militares, cambiar las reglas de enfrentamiento y utilizar la violencia no sólo en defensa propia, como ha ocurrido en las últimas 48 horas, sino también con carácter ofensivo. Incluso con riesgo de causar víctimas entre la población civil.

España, agregan las mismas fuentes, se negó a aceptar las nuevas reglas y la consecuencia fue que su contingente en Nayaf quedó acuartelado, reducido a la condición de testigo impotente de unos acontecimientos que escapaban a su control.

El 19 de abril, después de que José Luis Rodríguez Zapatero anunciara la decisión de retirar las tropas de Irak, Múqtada llamaba al cese de los ataques contra los soldados españoles.

Sin embargo, éstos no han hecho sino multiplicarse. Y extenderse a Diwaniya, que se había mantenido relativamente tranquila en comparación con Nayaf.

Los mandos españoles no dudan de que los ataques de los últimos días proceden del Ejército del Mahdi, pero es difícil saber si Al Sáder utiliza un doble lenguaje, y ordena en secreto lo que niega en público, o es incapaz de controlar a sus seguidores. El contingente español ha perdido la capacidad de interlocución con los notables locales, que saben que el único poder en la zona es ya el de Estados Unidos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 27 de abril de 2004