Euskadi abre sus puertas a los 'sin papeles'

Inmigrantes de varias razas, ataviados con trajes típicos vascos, miran sonrientes a la cámara. Bajo su imagen, esta leyenda: "Puertas abiertas para todos". ¿Se trata de otra broma del cineasta Bajo Ulloa, que en su película Airbag se mofaba de las tentaciones racistas de Sabino Arana mostrando a un lehendakari negro? Nada más lejos de la realidad. Estamos ante una campaña diseñada por varios municipios y financiada por el Gobierno de Vitoria. Su objetivo: integrar a los inmigrantes.

Ese cartel no es una anécdota. Detrás de él existe un plan de inmigración trienal avalado por 43,5 millones de euros para los 28.000 inmigrantes regularizados y 11.000 más sin papeles que viven en Euskadi. La cantidad es apreciable, sobre todo si se tiene en cuenta que el presupuesto del último plan trienal de la Comunidad de Madrid, donde los regularizados ascienden a 355.000 y el número de sin papeles se acerca a esa cifra, fue de 12 millones de euros. En resumen: el País Vasco invierte 60 veces más dinero que Madrid en la integración de cada inmigrante.

A los seis meses reciben una ayuda mensual de 220 euros, que se dobla tras un año de estancia

"En Barcelona o Granada les dan un billete de autobús y les dicen: vete a Bilbao"

La oferta gratuita de Euskadi para los extranjeros, con o sin papeles, incluye alojamiento, tarjeta sanitaria, renta básica, cursos de castellano, formación "a la carta" y tramitación de sus documentos en la Delegación del Gobierno. La llave para acceder a todas estas ventajas son los ayuntamientos. "Ellos son como el médico de cabecera, que examina al paciente y le remite a los especialistas, que se encargan de tratar su dolencia", explica el director de Inmigración del Gobierno autónomo, Boladji Omer, natural de Benin.

Así pues, lo primero que debe hacer un inmigrante que llega a Euskadi es presentarse en el ayuntamiento de la localidad donde aspira a residir. Allí, un asistente social (pagado por el Gobierno vasco) se encargará de empadronarlo, elaborará un informe con sus necesidades y aspiraciones y le proporcionará cobijo. "Todos los municipios de más de 20.000 habitantes deben contar con un albergue para estos casos. Los que no lo tienen habrán de pagar una pensión a los recién llegados", asegura Omer. Esta situación se mantendrá hasta que el asistente social le encuentre plaza en uno de los numerosos pisos de acogida gestionados por los propios ayuntamientos o por ONG.

Tres meses después de su llegada, las autoridades consideran que el extranjero ha demostrado su voluntad de residir en el municipio y le entregan la tarjeta sanitaria. A los seis meses comienza a percibir una ayuda mensual de emergencia social de 220 euros. Según el departamento de Justicia del Ejecutivo autónomo, unos 2.000 inmigrantes se benefician ahora mismo de ese sueldo, que a partir del año de residencia se transforma en una renta, también mensual, de 435,17 euros.

En el caso, bastante frecuente, de que el inmigrante no hable castellano, el asistente social le remite a una escuela de Educación Permanente para Adultos (EPA), donde le enseñan el idioma. Si es menor de edad, los colegios públicos y concertados ponen a su disposición cursos de adaptación lingüística en euskera y castellano y programas de escolarización específicos.

La percepción de la renta básica implica la incorporación del extranjero a un programa de formación y búsqueda de empleo. "Las personas en situación irregular no pueden acceder a la intermediación laboral y a los cursos de formación del Instituto Nacional de Empleo (INEM)", argumenta Omer. "Nosotros les ofrecemos, de forma totalmente gratuita, una batería de cursos más completa que la del INEM".

El Gobierno vasco también financia un servicio de abogados que, en régimen de dedicación exclusiva, tramita ante el Gobierno central las solicitudes de permisos de residencia y de trabajo de los sin papeles. Funciona desde hace año y medio; en ese tiempo ha atendido a 10.402 inmigrantes y ha elaborado 5.306 expedientes. De estos últimos, ha remitido 1.927 a la Administración central, que hasta el momento sólo ha resuelto 367, de los cuales 314 (el 85%) favorablemente.

El departamento de Vivienda y Asuntos Sociales ha puesto en marcha un programa para "capturar" viviendas vacías. Ofrece a los propietarios préstamos de hasta 18.000 euros con el fin de que las restauren y luego se las alquilen por cinco años. El Ejecutivo las realquila por entre 90 y 180 euros mensuales y abona la diferencia entre esta mensualidad y la que recibe el propietario. 6.375 inmigrantes se han inscrito en este programa.

A la vista de este muestrario de ofertas para los inmigrantes, parece cierta la afirmación del director general de la ONG Zutalur, Fernando Castro, que gestiona siete pisos de acogida: "Socialmente hablando, Euskadi está tres pasos por delante de otras comunidades autónomas".

Pero también es verdad que no todo son luces en el Plan Vasco de Inmigración. Varios ayuntamientos han protestado por retrasos en la financiación prometida. Además, el parlamentario socialista Jesús Loza ha denunciado la ausencia en él del más mínimo propósito de colaborar con la Administración central, así como "la hipocresía" que supone impulsarlo paralelamente al plan Ibarretxe, "que recoge conceptos que son la antesala del etnicismo puro y duro". En similar sentido se ha pronunciado el parlamentario del PP Borja Samper. Según él, el Gobierno vasco "intenta marcar una nueva política de inmigración para la que carece de competencia jurídica".

El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, de Izquierda Unida, rechaza todas las acusaciones, reivindica su "política progresista" y lanza un desafío al Gobierno central: "Lo que nos gustaría es que nos dieran las competencias sobre inmigración para regularizar a todos los sin papeles". ¿No teme que la afluencia de extranjeros desde otros lugares se España les desborde y su plan se hunda? "No funcionamos con ese cálculo, sino bajo el principio de la solidaridad", se defiende.

Más realista, Celina Pereda, presidenta de Médicos del Mundo Euskadi y de la coordinadora Harresiak Apurtuz (Rompiendo Muros), que agrupa a 27 ONG de apoyo a los inmigrantes, advierte: "Nos llegan sin papeles desde Barcelona o Granada a los que les han dado un billete de autobús y les han dicho: 'vete a Bilbao".