Prisión preventiva para el presidente del Gondomar, acusado de 34 delitos

La juez de Gondomar -localidad en las cercanías de Oporto-, Ana Claudia Nogueira, cerró ayer los interrogatorios a los 16 dirigentes deportivos y árbitros portugueses detenidos el pasado martes por sospechas de corrupción en el fútbol. La juez decretó la prisión preventiva de José Luís Oliveira, vicepresidente del Ayuntamiento de Gondomar y también presidente del equipo de la ciudad, de Segunda División B.

José Luis Oliveira ha sido inculpado de 34 delitos de corrupción. Los otros 15 sospechosos, entre ellos Valentim Loureiro, el presidente de la Liga Portuguesa, salieron todos en libertad condicional e imputados de varios delitos de corrupción y de tráfico de influencias.

Loureiro, que es también alcalde de Gondomar, dirigente regional del Partido Social Demócrata y presidente de la empresa que administra el Metro de Oporto, fue declarado sospechoso de 23 delitos, 19 de corrupción y cuatro de tráfico de influencias.

Como todos los otros imputados, abandonó el tribunal de Gondomar en libertad condicional. No puede salir de su area de residencia, tiene prohibido contactar con los demás implicados en el caso y está suspendido de todos sus cargos deportivos. Loureiro fue el único imputado que tuvo que pagar una fianza, de 250.000 euros, para abandonar la cárcel.

Árbitros implicados

Entre los restantes detenidos figuran también el presidente y cuatro vocales del Consejo de Árbitros de la federación portuguesa. Todos ellos están inculpados de varios delitos de corrupción.

La acusación sostiene que estas personas nombraban los árbitros para los partidos del Gondomar según la indicación de los dirigentes del club y del presidente de la Liga. Después falsificaban también los informes de los delegados de la federación para asegurar buenas clasificaciones a tales árbitros y favorecer sus ascensos de categoría.

Asimismo, fue detenido el director del departamento de fútbol del club, Joaquim Castro Neves, sospechoso de 15 delitos de corrupción. Estaba encargado de hacer regalos a los árbitros -objetos en oro y materiales de construcción- y de prometerles buenas calificaciones para subir de categoría.

Los siete árbitros de segunda categoría detenidos en esta operación policial fueron inculpados de corrupción. Pedro Sanhudo, de Oporto, es el que está acusado de más delitos: 12 de corrupción y uno por posesión de un arma ilegal.

En una entrevista publicada ayer por el diario Correio da Manhã, el director nacional de la Policía Judicial, Adelino Salvado, aseguró que esta investigación es sólo una parte de un otro proceso mayor, pero que no quiso explicar.