Un árbitro, en libertad condicional por el caso de corrupción en Portugal

El presidente de la Liga portuguesa de fútbol, Valentim Loureiro, ocho árbitros y otros siete directivos detenidos el martes por sospechas de corrupción declararon ayer ante la juez Ana Claudia Nogueira, en Gondomar. Tres de ellos, el árbitro Jorge Saramago, de Segunda, fue puesto en libertad condicional -su padre falleció el día antes de su detención- al igual que otros dos directivos.

Entre los detenidos está toda la cúpula directiva del Consejo de Arbitraje de la Federación portuguesa y dirigentes de la alcaldía de Gondomar y del Gondomar Sport Club, un equipo de la Segunda división. La policía tiene sospechas de que estas personas son responsables de "falsificación de documentos, corrupción deportiva y tráfico de influencias".

La juez Ana Claudia Nogueira, tras tomarles declaración, acordó ayer poner en libertad condicional a Paulo Torrao, director del departamento de informatica de la Federación Portuguesa, sin especificar las medidas a que puede quedar sometido, y a un vocal del Consejo de Árbitros, Carlos Manuel Silva. Este último tendrá que presentarse periódicamente ante la policía, no podrá ausentarse de su área de residencia ni ejercer actividades deportivas.

La generalidad de la prensa y de los foros de debate de las cadenas de radio y de televisión portuguesas aplaudieron ayer la operación policial, porque "existía la convicción generalizada de que los poderes públicos y judiciales vacilaban cuando se acercaban a los estadios para aplicar la ley", como escribió ayer el diario Público en su editorial. "Lo que sorprende es que, hasta ahora, sólo se hable de clubes modestos y pequeños", añadía este periódico.

El detenido más destacado es Valentim Loureiro, presidente de la Liga portuguesa, que el martes pasó la noche en un establecimiento penitenciario de Oporto. Valentim Loureiro es, además, alcalde de Gondomar, padre del presidente del Boavista -segundo equipo de Oporto-, João Loureiro, presidente de Zona Metropolitana de Oporto y dirigente local del Partido Social Demócrata, actualmente en el poder. También se encuentra en la cárcel José Luís Oliveira, concejal del ayuntamiento de Gondomar y presidente del equipo de fútbol de la ciudad, el Gondomar Sport Club.

La operación policial, resultado de un año de investigación, parece ser la respuesta a inumerables denuncias de dirigentes deportivos y politicos hechas a lo largo de los últimos dos años sobre la existencia de corrupción en el arbitraje y de demasiada promiscuidad entre fútbol y política.

Se conocieron ayer, además, detalles de una queja presentada por los concejales socialistas de Gondomar a la Fiscalía. La denuncia data de finales de 2002. En ella se acusaba a la alcaldía de Gondomar y su máximo responsable de ser el cerebro de una "organización tentacular", que se extendía a la dirección del Boavista, del Gondomar Sport Club, del Consejo de Arbitraje y de la Liga de Fútbol.

Los socialistas consideraban muy grave la atribución de subvenciones, por parte del ayuntamiento, al Boavista, un club de otra ciudad -Oporto- y al propio Gondomar Sport Club, por importe de una cantidas considerada desorbitada: 180.000 euros.