Un difícil pleito fiscal

No será nada fácil la cruzada del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y de su par argentino, Néstor Kirchner, para que el FMI rebaje sus exigencias fiscales y permita que estos países eleven la inversión en sus infraestructuras. El Fondo viene elaborando desde hace meses un plan para excluir de la contabilidad del gasto corriente a lo destinado a obras públicas, pero su propuesta final sólo contempla la posibilidad de descontar la inversión de ciertas empresas estatales.

Los organismos multilaterales llaman la atención sobre el déficit social y reconocen que el sector privado no puede encargarse de suplirlo

Los presidentes Lula y Kirchner pretenden que el Fondo rebaje sus exigencias fiscales y que les permita elevar la inversión en infraestructuras

La discusión sobre la contabilidad de la inversión es añeja, pero ha sido resucitada en los últimos tiempos ante la evidente falta de infraestructura en Latinoamérica y su impacto negativo en el desarrollo. Hasta el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han llamado la atención sobre este déficit y han reconocido, a diferencia de lo que hacían en los años noventa, que el sector privado solo no puede encargarse de suplirlo. En 2003, Lula y Kirchner, dos referentes de la centroizquierda latinoamericana, comentaron en privado la necesidad de excluir a la inversión de las metas fiscales acordadas con el FMI durante la visita a sus países del entonces director gerente del Fondo, Horst Köhler.

Los dos presidentes terminaron firmando a principios del mes pasado el consenso de Copacabana, por el que ambos solicitan al FMI que no se considere gasto corriente, y por ende sujeto a restricciones fiscales, la inversión en infraestructura, educación, ciencia y tecnología, sanidad y desarrollo social. Sucede que el Banco Mundial y el BID suelen prestar para estos fines con la condición de que el país receptor desembolse una contraparte. La disciplina fiscal de estos Estados altamente endeudados y con baja recaudación tributaria impide muchas veces que dispongan de esos recursos propios y, por tanto, los créditos multilaterales no se ejecutan.

A fines del mes pasado, en la asamblea anual del BID, nueve países latinoamericanos (México, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay) se sumaron a la petición de Lula y Kirchner, en la llamada carta de Lima, aunque sólo pusieron el acento en la inversión en infraestructura. En un seminario previo a la asamblea, sin embargo, la directora del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, Teresa Ter-Minassian, presentó la propuesta del organismo, mucho menos generosa que la latinoamericana. En primer lugar, el documento analiza si la inversión pública contribuye al desarrollo y concluye que sí. Después, se pregunta si los programas del FMI afectan la inversión pública y reconoce que producen alguna disminución. En tercer término, recuerda cómo se contabiliza este ítem en los países desarrollados. Ter-Minassian concluye que este mecanismo no podría utilizarse en países en desarrollo porque deberían adaptar toda su contabilidad a criterios similares a los del sector privado.

La propuesta del FMI termina promoviendo que en los países emergentes sólo se compute de manera diferencial lo invertido por empresas públicas con fines comerciales, participación privada en su paquete accionario y que recurran a los mercados de capital para tomar créditos, que a su vez devuelvan con sus propios fondos.