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Columna
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Se alarga la sombra del 11-S (I)

Los atentados de las Torres Gemelas, al instituir al terrorismo en actor principal de la vida pública y del acontecer internacional, se han convertido en el proceso fundador de la nueva geopolítica mundial. Todo gira en torno suyo y, sin embargo, seguimos ignorando los aspectos más esenciales del 11-S, pues el Gobierno de EE UU no ha publicado, a pesar de los dos años y medio transcurridos, un informe oficial sobre el mismo. La creación a finales de 2002 de una Comisión Nacional sobre los ataques terroristas a EE UU promovida y apoyada por el Congreso y por el presidente, es al mismo tiempo el reconocimiento de la incapacidad oficial para darnos una versión probada de los hechos y una operación de relaciones públicas destinada a tranquilizarnos sobre el interés que se tiene por su esclarecimiento. Compuesta por 10 miembros, entre ellos el muy pugnaz Richard Ben-Veniste, ex fiscal del caso Watergate, y presidida por Thomas Kean, antiguo gobernador republicano de New Jersey y desde 1990 presidente de la Drew University, ha previsto la celebración de 12 audiencias, de las cuales 10 han tenido ya lugar, y las dos últimas, en mayo y junio, precederán la presentación del informe final en julio de este año.

Ante la Comisión han comparecido los máximos responsables de la política exterior y de defensa de la actual Administración republicana -Powell, Rumsfeld, Armitage, etc.- y de la Administración demócrata anterior -Albright, Cohen, Berger, etc.-, así como los directores de las grandes agencias de inteligencia -Tenet (CIA), Mueller III (FBI)- y los attorney general John Ashcroft y su predecesora, Janet Reno. Las audiencias, centradas no en la averiguación de lo que realmente sucedió el 11-S, sino en constatar la incapacidad de los diversos servicios de seguridad norteamericanos para advertir lo que se estaba preparando y tomar las medidas que lo impidieran, es absolutamente frustrante, pues se reducen a un inventario de decires y contradecires en los que todos quieren sacudirse la responsabilidad cargándosela al otro. Y así la táctica general de la actual Administración republicana ha sido acusar a la Administración de Clinton de todos los fallos, y en esa tarea Ashcroft, actual ministro de Justicia, se lleva la palma, pues, para él, durante casi 10 años los demócratas, con Clinton en cabeza, "no han querido ver dónde estaban nuestros enemigos y la infiltración de que era objeto nuestro país". Claro, que, frente a esa afirmación de Ashcroft, Thomas Pickard, director en funciones del FBI en dicha época, afirma haberle enviado, en junio y julio de 2001, dos informes advirtiéndole de las amenazas inminentes de atentados, a los que Ashcroft no prestó ninguna atención. Por su parte, Dale Watson, responsable de la Unidad Antiterrorismo del FBI, subraya que en el Memorándum de Ashcroft del 10 de mayo de 2001 sobre las cinco prioridades de su mandato ni siquiera figura el terrorismo y que se negó a aumentar los recursos del FBI, previstos en el plan elaborado por la Administración de Clinton para dotarse de una estructura policial efectiva contra el terrorismo. Las audiencias han puesto también de relieve la pugna entre el FBI y la CIA, en este caso relativas a las 70 investigaciones del FBI sobre actividades de Al Qaeda en EE UU de las que ni Ashcroft ni Bush dicen haber tenido noticia. Pero Richard Clarke, responsable en 2001 del grupo antiterrorista en la Casa Blanca, en su libro Against all ennemies, afirma que en el Informe Diario para el Presidente del 6 de agosto de 2001, que le envió a su rancho de Crawford, le advertía de las actividades de los grupos de Bin Laden en EE UU desde 1997 y de su aceleración en los últimos años. El 29 de abril, Bush y Cheney serán oídos por la Comisión, que insistirá en su grado de conocimiento de todos estos hechos y su falta de reacción frente a los mismos. ¿Se trata de simple irresponsabilidad o, como pretenden los adictos a la teoría de la conspiración, de un dejar hacer que justificase la movilización bélica que querían poner en práctica?

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