La Eurocámara condena las presiones del Gobierno del PP sobre TVE durante el 11-M

El Parlamento Europeo aprobó ayer, en otra agitada jornada de debate, el informe "sobre el peligro que corre en la UE, y particularmente en Italia, la libertad de expresión y de información". La Eurocámara, en una votación en la que no participó el Partido Popular Europeo, deja constancia de las presiones gubernamentales y las manipulaciones de TVE en la información relacionada con la invasión de Irak, incluido el silenciamiento de quienes se oponían a aquella campaña, y da cuenta de que las presiones del Ejecutivo sobre la televisión publica produjeron distorsiones y ocultaciones de los datos sobre la responsabilidad de los atentados del 11-M. El informe salió adelante por 237 votos a favor, 24 en contra y 14 abstenciones.

"Las presiones gubernativas sobre el servicio público de TVE han dado lugar a distorsiones y ocultaciones patentes de los datos sobre la responsabilidad de los execrables actos terroristas del 11 de marzo pasado", se lee en el punto dedicado a España, aprobado con 250 votos a favor, 15 en contra y 18 abstenciones.

Los europarlamentarios hicieron suyo un informe de los trabajadores de TVE "en el que denuncian malas prácticas profesionales entre el 28 de febrero y el 5 de marzo tendentes a producir una información desequilibrada, tendenciosa o manipulada, relativa a la intervención militar en Irak. Consideran que dicho medio de comunicación hace hincapié en las posiciones de los que están a favor de la intervención y deja de lado a los que defienden la continuación de las inspecciones y se oponen al uso del ejército". El informe alude también a "las amenazas y atentados terroristas de ETA contra periodistas en el País Vasco" y señala, siguiendo a Reporteros Sin Fronteras, "los obstáculos que encuentran los periodistas para informar sobre la ilegalización del partido Batasuna y sobre el desastre ecológico del Prestige".

Los eurodiputados echan en falta en España la existencia de una autoridad independiente de control de los medios audiovisuales, dentro de un análisis de las deficiencias existentes en nueve países de la Unión Europea: Francia, Irlanda, Alemania, Polonia, Holanda, Suecia, Reino Unido, España e Italia.

El grueso del informe apunta a Italia por la concentración de poder político y mediático en manos de Silvio Berlusconi, con su corolario de injerencias, presiones, censuras y manipulaciones, que los partidos no conservadores europeos temen ver convertido en un modelo de exportación a otros países de la UE. De ahí que la Eurocámara decidiera pedir al Consejo Europeo, la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, "que adopte las medidas necesarias para determinar si existe riesgo de violación de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de información" en Italia.

Esa resolución, aprobada con 237 votos a favor, 24 en contra y 14 abstenciones no tiene carácter vinculante. Fue su carga política la que provocó la movilización de los conservadores europeos para intentar, infructuosamente durante toda la semana, que no viera la luz.

La votación en el plenario de ayer estuvo precedida por la intervención de Hans-Gert Poettering, jefe del PPE, para anunciar que su grupo, el principal de la Eurocámara, con 231 de los 626 eurodiputados, no participaría en el sufragio para mostrar su descontento con la decisión del día anterior del presidente de la Cámara, Pat Cox, de permitir que se votara párrafo a párrafo el informe en vez de petición a petición y enmienda a enmienda. También anunció que el PPE se reservaba el derecho a pedir un dictamen jurídico sobre la validez de la votación.

Poettering exigió a Enrique Barón, su contraparte socialista, que explicara su denuncia del miércoles sobre desaparición de documentos en la comisión redactora del informe y que se retractara de haber llamado "desgraciado" al jefe de filas de los berlusconianos y "jabalíes" a los conservadores que le abuchearon por ello. Barón dijo que los documentos habían desaparecido, pero que volvieron a tiempo a la comisión; explicó que, según el diccionario, desgraciado es "aquel que no tiene gracia" como era el caso del aludido, y justificó la calificación de jabalíes en la tradición parlamentaria española. Ilustró a sus euroseñorías: así es como el cronista Ricardo Pérez Madrigal calificaba en la Segunda República a los diputados que actuaban hechos unos basiliscos, "como aquí está ocurriendo ahora"

Las explicaciones irritaron a los conservadores, que calificaron a Barón de mentiroso, manipulador, autoritario, antidemocrático e insultador.