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El Gobierno crea una secretaría de igualdad para combatir la discriminación

Caldera informará el viernes al Consejo de Ministros sobre la ley de violencia doméstica

Lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Con ese fin, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció ayer la creación de la Secretaría General para las Políticas de Igualdad. Gozará de gran autonomía y velará por que no se produzcan discriminaciones por sexo. El Instituto de la Mujer, hasta ahora el organismo de mayor rango destinado a velar por la igualdad, dependerá de la nueva secretaría. Otro organismo destacado será la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, contemplada en la ley integral que podría estar en vigor en seis meses.

En la toma de posesión, ayer, de los nuevos altos cargos de su departamento, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales anunció la creación de una secretaría general para Políticas de Igualdad, lo que conferirá "rango" al área de mujer. De esa secretaría dependerá el Instituto de la Mujer, añadió Caldera. Este organismo, creado hace dos décadas, era hasta ahora el máximo responsable de las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La nueva secretaría general tendrá "total autonomía", según fuentes ministeriales. La ocupará una mujer destacada que actuará como portavoz gubernamental en materia de igualdad.

Otro organismo nuevo será la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Dependerá de la secretaría de igualdad y se creará en la futura ley integral contra la violencia doméstica. José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a que sería el primer proyecto de ley que aprobaría su Gobierno. Caldera informará el próximo viernes al Consejo de Ministros sobre el contenido de esa ley que se quiere consensuar al máximo. Sin embargo, el anteproyecto aún tardará. Los responsables de Trabajo y Asuntos Sociales se reunirán hoy para analizar las líneas principales. Las fuentes ministeriales confían en que la nueva norma esté en vigor dentro de seis meses. Su redacción deberá tener en cuenta las últimas reformas aprobadas en este campo (penas más duras y orden de protección a las víctimas).

Tras prometer su cargo, la nueva secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, aseguró que los servicios sociales serán "una prioridad" del Gobierno. Matizó que su secretaría lleva la denominación de familias, en plural, "porque en el siglo XXI las familias son de muy diversa índole y responden a la pluralidad de la sociedad". Añadió que el Ejecutivo se ha comprometido "a sacar a España del rincón de la historia" respecto a la atención a los ciudadanos. "No queremos ser el noveno país más rico del mundo y ocupar uno de los últimos lugares en bienestar social", matizó.

La gran meta de esta secretaría de Estado será la puesta en marcha del Sistema Nacional de Dependencia (SND), para lo que se aprobará una ley específica. Deberá permitir que obtengan ayuda todos los ciudadanos que la precisen por no poder valerse por sí mismos. "Lo haremos con acuerdo social y con diálogo con las comunidades autónomas [competentes en esta materia]", dijo Valcarce. El Gobierno socialista prevé implementar el nuevo sistema nacional, al que define como "el cuarto pilar del Estado de bienestar", en dos legislaturas. Para ello cuenta con un fondo de mil millones de euros, según el compromiso electoral. De momento, un grupo de expertos prepara un dictamen sobre el SND, paso previo a los contactos con las comunidades.

La ley básica de dependencia, que dará paso al SND, incluirá una carta de servicios. Según fuentes ministeriales, todas las personas dependientes tendrán derecho a plaza residencial o en centro de día, teleasistencia o ayuda a domicilio. Se trata de establecer "prestaciones universales", pero para algunas los ciudadanos habrán de hacer aportaciones económicas según su nivel de ingresos. También se analizará la posible implantación de un seguro de dependencia, si bien esto "no será la columna fundamental" del nuevo sistema. De los modelos existentes, los responsables ministeriales se inclinan por el alemán: un seguro obligatorio y público para costear la atención a las personas dependientes.

Valcarce, que prometió diálogo, se estrenó con una reunión con la plana mayor de las organizaciones de personas con discapacidad. El Sistema Nacional de Dependencia "modernizará España y la hará más justa y solidaria", les dijo. "En este departamento no hay gasto; hay inversión en la gente, y eso genera empleo", concluyó.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 21 de abril de 2004