Alcalá y el agua

El equipo de gobierno de Alcalá, encabezado por Bartolomé González, sigue ninguneando la voluntad de la mayoría de los vecinos que nos oponemos a la privatización del agua Alcalá, y que, lo hemos demostrado con dos manifestaciones masivas, con mas de 35.000 firmas que se oponen a la gestión privada de este recurso vital para la vida y que, aunque no le guste a él y a este equipo de gobierno, la Mesa del Agua donde colaboran hasta 15 asociaciones vecinales y sociales, sigue trabajando tras las elecciones aún después de ser tratada como una alianza electoralista en contra del Partido Popular antes del 14-M.

A través de esta plataforma en defensa del agua, se ha solicitado al equipo de gobierno que someta esta decisión, tan buena en su opinión, a referéndum popular y que sean los vecinos los que en democracia real decidan lo que quieren para su ciudad; cosa a la cual se ha negado en rotundo... No sólo no respetan la voluntad vecinal, sino que nos brindan a los vecinos un espectáculo lamentable en el último pleno monográfico del tema del agua que se produjo la semana pasada.

No sólo no respondieron a ninguna de las múltiples preguntas formuladas por la oposición, si no que, de forma descarada, se nos tomó el pelo a los asistentes por parte del edil de Medio Ambiente, cuando en respuesta a la tanda de preguntas planteadas, la respuesta fue prácticamente la lectura del pliego de condiciones técnicas para la concesión del servicio, cosa que todos ya conocíamos; mostrando una vez más la prepotencia dictatorial del gobierno de nuestra ciudad, que lejos de presentar informes técnicos que avalen su postura, se dedica a esquivar las preguntas ante la perplejidad de los asistentes.

Pero más lamentable aún nos puede parecer la prisa que se ha dado este equipo de gobierno en privatizar el servicio de agua de la ciudad, que difícilmente hubiera hecho, pasado el ecuador de la legislatura por temores electorales. Destacable también es el hecho de que se nos venda esta privatización a los vecinos como una fuente de ingresos para las arcas municipales, en vez de como el negocio del siglo para la empresa concesionaria, con una serie de cánones que se revertirán en no sé qué infraestructuras deportivas y demás mejoras para los vecinos; cuando bien sabe este equipo de gobierno, que a la espera de la aprobación de la directiva europea 2000/60/CE, que regula el marco de actuación en el ámbito de la política de aguas, y la cual no se sabe porqué no ha sido trasladada a nuestra legislación estatal todavía, este tipo políticas es ilegal, puesto que el dinero que se obtenga de la gestión del ciclo integral del agua debe ser invertido en este mismo ciclo.

Al igual que los gastos que conlleve deben ser asumidos por la facturación a los usuarios; por lo que no nos pueden asegurar de ninguna forma que el precio del agua no subirá como así nos garantiza nuestro concejal de Medio Ambiente. El poder de dos grandes grupos empresariales multiservicios, Agbar y FCC, está condicionando las reglas de la libre concurrencia afectando a la neutralidad y rigor de las adjudicaciones de estos servicios. El agua es un bien común indispensable para la vida, no debe ser considerado como un bien económico sujeto a las reglas del mercado, al menos cuando se destine a satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos, por lo que creemos que la privatización no es el camino adecuado para garantizar el desarrollo y usos sostenibles de este recurso natural. Todo esto contribuye a una desacertada política de agua y nos aleja de la nueva cultura del agua, respetuosa con el medio ambiente y donde la inversión en nuevas tecnologías de reutilización y reciclado de agua, deben estar por encima de las destinadas a inundar valles y pueblos.