El Consell exige ahora al Gobierno una deuda que nunca reclamó Zaplana

Los diputados todavía estaban votando la investidura de Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno cuando González Pons, consejero de Educación, anunciaba en rueda de prensa en el Palau de la Generalitat que el lunes pedirá una reunión con la nueva ministra del ramo para exigirle que explique "cómo va a empezar a pagar el Gobierno central la deuda educativa que tiene con la Comunidad Valenciana". Según sus estimaciones, esa deuda suma 600 millones a cuenta de una transferencia deficitaria y 1.800 derivados de la aplicación de la LOGSE. Una deuda que Zaplana nunca reclamó.

"El lunes pediré una reunión a la ministra para saber que pagará", dice González Pons

Las transferencias en materia de Educación y Sanidad a la Comunidad Valenciana se pactaron a la baja y de forma apresurada por razones políticas. Joan Lerma, presidente socialista de la Generalitat, nunca ocultó la situación y peleó por arrancar compensaciones al Estado a través de la vía de la nivelación de transferencias.

Eduardo Zaplana, que asumió la situación desde 1995, defendió un nuevo modelo de financiación autonómica ajustado a la población por encima de otros criterios territoriales para paliar el déficit inicial en ambas transferencias. El ex presidente de la Generalitat nunca hizo causa pública ante el Estado de una supuesta deuda histórica, aunque tal vez lograra cierta flexibilidad en la supervisión de su ejecución presupuestaria desde el Ministerio de Hacienda.

González Pons, sin embargo, arremetió ayer contra Zapatero y anunció que reclamará al futuro Gobierno, el mismo día que asuma sus funciones, una deuda acumulada que cifró, hasta la fecha, en 2.400 millones de euros.

Según el responsable de Educación, el Estado adeuda 600 millones de euros al sistema educativo como resultado de la "transferencia deficitaria" negociada por Lerma. A los que habría que sumar, aseguró, los 1.800 millones de euros que "supuso a la Comunidad Valenciana" la aplicación de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) que los socialistas aprobaron en el Congreso sin una paralela normativa que garantizara su financiación. "El PP no derogó la LOGSE, sino que la aplicó y esta comunidad autónoma anticipó 1.800 millones de euros para garantizar su aplicación", explicó González Pons.

El ajuste de cuentas que el consejero de Educación reclama al Gobierno deriva de la moratoria en la aplicación de la Ley Orgánica de la Calidad Educativa (LOCE) que Rodríguez Zapatero anunció en su discurso de investidura. La LOCE fue aprobada en solitario por el PP en la pasada legislatura sin memoria económica y la Generalitat Valenciana es el gobierno regional controlado por el PP que más retraso arrastra en la aprobación de los decretos que exige el desarrollo y aplicación de la ley. De hecho, el desarrollo parcial de la norma se ha calcado sobre las propuestas genéricas diseñadas por el ministerio y supone una renuncia expresa a ejercer las competencias autonómicas en la materia que tiene atribuidas la Generalitat.

Técnicos de Educación han batallado por modificar la consideración del censo regional para arrancar al Gobierno del PP una financiación más acorde a la realidad. Según estimaciones del subsecretario de Educación, Máximo Caturla, la aplicación de la LOCE tendría un coste de 8.857 millones de euros durante los próximos cuatro años, unos 2.200 millones de euros anuales.

Al margen de los cálculos elaborados por su propio equipo, González Pons vaticinó que aplicar las reformas educativas que apenas ha sugerido Rodríguez Zapatero pueden costar "otros 1.100 millones de euros, de los que 500 se derivarían de gastos de funcionamiento y 600 del nuevo personal que habrá que contratar".

José Ramón García Antón, consejero de Infraestructuras, también contribuyó al memorial de agravios cuando aseguró sentirse "ofendido" ante la renuncia al trasvase de aguas del Ebro que también ha anunciado el futuro presidente del Gobierno.

Sólo Gerardo Camps, consejero de Economía y portavoz accidental del Consell en ausencia de su titular, Alejandro Font de Mora, ofreció un discurso positivo. Camps anunció la aprobación de la nueva ley urbanística destinada a restringir las facultades del denominado agente urbanizador en favor de los derechos de los propietarios de los terrenos que sean objeto de planificación. También destacó el acuerdo en materia de formación alcanzado con la patronal del textil, Ateval, que constituye el primer paso hacia la aplicación de los acuerdos de apoyo al sector ante la creciente competencia internacional.