La Comisión Europea se inhibe en la denuncia por abusos urbanísticos

La Comisión Europea se ha inhibido en la denuncia sobre los supuestos abusos urbanísticos derivados de la aplicación de la la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). El órgano de gobierno europeo instó ayer a los afectados por la norma a trasladar sus quejas y, por ende, defender su causa ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. En respuesta a una pregunta del eurodiputado del Partido Europeo de los Liberales (ELDR) Jules Maaten, el Comisario de Justicia, Antonio Vitorino, recordó que el Tribunal de Estrasburgo y no el Ejecutivo comunitario, es el encargado de resolver las supuestas violaciones de los derechos fundamentales una vez agotadas las vías nacionales.

La UE "no tiene competencia general en materia de derechos fundamentales", pero "si una persona considera que estos derechoshan sido violados, puede dirigirse al Tribunal Europeo de DerechosHumanos para obtener una corrección, una vez ha agotado los remedios nacionales", señaló el comisario europeo. "La Comisión sólo podría intervenir en el caso de la violación de los derechos fundamentales en aplicación de la legislación comunitaria, lo que no es el caso de la situación descrita", precisó el mandatario de la Unión Europea.

El pasado febrero, propietarios de terrenos costeros en la Comunidad Valenciana denunciaron ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo los supuestos abusos derivados de la normativa valenciana, que según ellos obliga a pagar sumas abusivas e incluso ceder terrenos para que los promotores puedan llevar a cabo sus planes urbanísticos. Maaten preguntó al Ejecutivo comunitario si está al corriente de que la citada ley prevé la posibilidad de expropiar terrenos por razón de utilidad pública "a cambio de indemnizaciones irrisorias" y si considera que la legislación vulnera la carta de derechos fundamentales de la UE.

Derechos de propiedad

"La Comisión es consciente de que el ejercicio de los derechos de propiedad en España está sujeto a ciertos límites y condiciones y que la Constitución española establece que nadie puede ser privado de su propiedad y derechos excepto en caso de utilidad o interés social", explicó el comisario en su respuesta escrita a los afectados. "Las condiciones que rigen asuntos como la expropiación de terrenos son establecidas, por tanto, por los Estados miembros y la Comisión no está en posición de hacer comentarios sobre ellas", añade el escrito del Comisario.

Las denuncias sobre los supuestos abusos urbanísticos a raíz de la aplicación de la LRAU y, en concreto, de la figura del agente urbanizador, comenzaron hace dos años en las comarcas del norte de Alicante. Allí, decenas de propietarios extranjeros de terrenos iniciaron una batalla que de momento ha llevado al Consell a reforma la normativa urbanística.