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El inminente relevo de cuatro magistrados del Constitucional revitalizará la institución

El tribunal incorporará a tres jueces progresistas y elegirá un nuevo presidente

La renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, que el pasado 8 de abril concluyeron su mandato de nueve años, así como la elección de un nuevo presidente, va a significar un soplo de aire fresco para la institución y para el relevo de su cúpula si se confirman las expectativas de la gran mayoría de los partidos parlamentarios y de importantes sectores jurídicos. Los dos magistrados que corresponde designar al Gobierno socialista y los dos jueces que elegirá el Consejo General del Poder Judicial permitirán incorporar al Tribunal a tres jueces progresistas.

Los cuatro jueces a sustituir -entre los que se encuentran el presidente, Manuel Jiménez de Parga, y el vicepresidente, Tomás S. Vives- continuarán en funciones hasta que tomen posesión quienes habrán de ocupar su puesto como magistrados. La elección de presidente y vicepresidente se producirá ulteriormente, entre los 12 magistrados que resulten de esta renovación parcial de cuatro de ellos.El requisito que impone la Constitución es que los miembros del Tribunal se recluten "entre magistrados y fiscales, profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados (...) de reconocida competencia, con más de 15 años de ejercicio profesional".

Jiménez de Parga y Vives, designados en 1995 por el Gobierno, serán sustituidos por otros dos juristas, a designar igualmente por el Gobierno emanado de las urnas el 14-M, una vez que tome posesión. Destacadas fuentes socialistas aseguraron a este periódico que Jiménez de Parga, catedrático de Derecho Constitucional, y Vives, catedrático de Derecho Penal, "serán sustituidos por otros dos catedráticos, aunque no necesariamente de las mismas disciplinas de los que cesan".

Sensibilidad autonomista

Las mismas fuentes indicaron que, "en todo caso, serán expertos en la ciencia jurídica y en la aplicación de los valores constitucionales a los conflictos políticos y a los problemas ciudadanos", y que "se buscará que, al menos uno de ellos, tenga una especial sensibilidad autonomista, uno de los déficit del Tribunal actual". Sobre estos presupuestos básicos, el Gobierno socialista tratará de "trasladar también su criterio de paridad de sexos a este nombramiento", según las fuentes citadas.

Los otros dos jueces del Tribunal Constitucional a relevar ahora -Pablo García Manzano y Pablo Cachón- son dos magistrados del Tribunal Supremo, el primero de su Sala de lo Contencioso-Administrativo y el segundo de la Sala de lo Social. El pleno del CGPJ necesita un mínimo de 12 votos para sustituirles.

La tradición es que los dos designados por el CGPJ sean magistrados del Tribunal Supremo, de tendencias acordes con las predominantes en el órgano de gobierno de los jueces. Los candidatos de la mayoría conservadora, integrada por los 10 vocales propuestos por el PP y el presidente -necesita un voto más para alcanzar 12-, son dos magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo: Juan José González Rivas y Ramón Rodríguez Arribas, este último ex presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora.

Los seis consejeros propuestos por el PSOE y el propuesto por IU tienen previsto reunirse el martes próximo con el de consenso entre el PP y el PSOE y el propuesto por CiU, a fin de unificar sus nueve votos en apoyo de un solo candidato progresista, de cara al pleno previsto para el miércoles, 14 de abril.

Fernando Salinas, vicepresidente del CGPJ e integrante del sector progresista, explicó que en esa reunión se optará entre uno de los tres candidatos del Supremo: dos de la Sala Penal -José Antonio Martín Pallín y Cándido Conde-Pumpido Tourón- y Pascual Sala, de la Contencioso-Administrativa.Salinas cree valiosa la incorporación de cualquiera de estos tres jueces, pero recuerda que la mayoría del CGPJ ya ha advertido que las vacantes de magistrados en la importante Sala Penal del Supremo las cubrirá haciendo uso de su mayoría.

Aunque se desconoce la identidad de los nuevos magistrados del Constitucional, la renovación se espera con alivio en sectores políticos y jurídicos y en el propio Tribunal. Confían que la mayoría socialista introduzca juristas progresistas en el órgano máximo intérprete de la Constitución, para neutralizar la influencia de juristas conservadores incorporados en los ocho años de mandato del PP, de modo especialmente notable Roberto García-Calvo, que exhibe criterios y actitudes extremistas.

Probable presidenta

Entre las expectativas que la renovación ofrece resalta la posibili

dad de que al frente del Constitucional se sitúe por primera vez en su historia una mujer que, además, es una jurista valiosa: la magistrada María Emilia Casas, catedrática de Derecho del Trabajo.

Una regla no escrita, pero que viene respetándose, establece que la presidencia del Tribunal la ocupe uno de los cuatro magistrados a los que quedan tres años de mandato. Casas pertenece a ese grupo, además de ser catedrática, como los seis anteriores presidentes.

De ese mismo grupo forman parte otros dos catedráticos, Guillermo Jiménez -de Derecho Mercantil- y Jorge Rodríguez-Zapata -de Derecho Administrativo-, y el juez Vicente Conde Martín de Hijas, procedente de la Sala Contencioso-Administrativa del Supremo.

Casas y Conde son los principales candidatos a presidir el Constitucional. En el caso de empate entre ambos, el presidente será Conde, por su mayor edad: 64 años, frente a los 54 de Casas, quien necesita siete votos para ser presidenta. Hay un precedente de ese empate: en 1992, entre Rodríguez-Piñero y Luis López Guerra, que se resolvió en favor del primero por su mayor edad. En todo caso, como ocurrió entonces, lo más probable es que uno presida el Tribunal y otro sea vicepresidente.

El 'plan Ibarretxe'

El Constitucional concluye sus tres años de presidencia de Manuel Jiménez de Parga, además de con una elevada bolsa de asuntos pendientes -sólo los que corresponde resolver al pleno superan los 500-, sin decidir sobre la admisión o inadmisión a trámite de la impugnación que el Gobierno del PP hizo del plan Ibarretxe, para suspender su debate en el Parlamento vasco. Jiménez de Parga intentó varias veces convertir en mayoría la minoría de cinco magistrados a favor de admitir la impugnación, y, al no lograrlo, sacó el asunto del orden del día.

El Gobierno impugnó el plan Ibarretxe el 13 de noviembre de 2003, en contra del criterio de eminentes juristas, entre ellos el constitucionalista Francisco Rubio Llorente, quien tachó de "equivocada" la iniciativa gubernamental.

Siete de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional se decantaron por no admitir la impugnación, y los cinco restantes por admitirla: el presidente, el ponente Guillermo Jiménez, Roberto García-Calvo, Pablo Cachón y Jorge Rodríguez-Zapata.

El 12 de marzo de 2004 -al día siguiente del atentado del 11-M-, Jiménez de Parga convocó al pleno para el día 15, una vez más sobre ese asunto. A la vista de que el siete a cinco, no se alteró, Jiménez de Parga retiró el caso del orden del día, y, dado que ya se conocía la victoria electoral socialista, difundió días después que las "nuevas circunstancias" aconsejaban no resolverlo, para que moviera pieza el PSOE.

Desde el área de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico de la ejecutiva socialista se evalúa esta actitud como "una dejación de competencias por parte del Constitucional, incapaz de resolver en contra de la impugnación del Gobierno del PP".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 11 de abril de 2004

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