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Reportaje:

Europa, contra el miedo

Tras el 11-M, Europa se encuentra en estado de máxima alerta por temor a nuevos atentados islamistas. En algunos países, como el Reino Unido, se consideran tan inevitables que la única pregunta es: ¿cuándo? Sin embargo, la lucha antiterrorista, empezando por la cooperación estrecha de los servicios de inteligencia, se ve lastrada en la UE por las diferencias internas

Los atentados de Madrid pillaron con el pie cambiado a los Gobiernos europeos pese a las advertencias lanzadas en los últimos meses por diversos servicios secretos y por Europol. "Aunque la Unión Europea no ha sido víctima de ataques extremistas islamistas dentro de sus fronteras, ataques en el exterior, especialmente en Marruecos, estaban obviamente dirigidos contra sus ciudadanos e intereses", alertaba el pasado diciembre un informe del órgano policial europeo, que, seis años después de su lanzamiento, sigue contando con medios muy precarios pese a las continuas reclamaciones de su director. El propio Javier Solana, alto representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE, enviaba tres días antes de la matanza en España un memorándum al comité de representantes permanentes (los embajadores ante la UE) en el que subrayaba los retrasos en la aplicación de medidas legislativas aprobadas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Sugería también otras más concretas ante el riesgo de nuevos episodios de violencia en suelo europeo. Los embajadores apenas tuvieron tiempo de digerir el documento y transmitir las orientaciones a sus capitales porque el 11-M las bombas de fanáticos islamistas en cuatro trenes causaban 190 muertos en Madrid.

Javier Solana subrayó, tres días antes del 11-M, el retraso en aplicar la legislación aprobada en la UE tras el 11-S

La situación se precipitaba. Los ministros de Interior y Justicia aprobaban en un tiempo récord un paquete de medidas. Muchas, simplemente, ya discutidas y aceptadas en 2001, pero nunca puestas en vigor por la falta de voluntad o la desidia de algunos Gobiernos, como, por ejemplo, la orden europea de detención y entrega, que Alemania, Italia, Austria, Holanda y Grecia aún no la han integrado en sus legislaciones. Esta vez, el compromiso es ponerlas en marcha antes del verano.

Los líderes de la UE sancionaban el 25 de marzo ese plan de acción antiterrorista y le encargaban a Solana y a Gijs de Vries, coordinador antiterrorista europeo -cargo dependiente de Solana-, un informe sobre cómo mejorar el intercambio de información de los servicios de inteligencia externos e internos de todos los países europeos y evaluar las posibilidades de crear una célula de inteligencia que aborde todos los aspectos del terrorismo, no sólo los judiciales, policiales o económicos, sino también, por supuesto, los políticos.

"¿No ha llegado la hora de hacer un mayor esfuerzo internacional, y europeo por excelencia, para tratar de solucionar, por ejemplo, el conflicto de Oriente Próximo, una de las fuentes de tanta violencia exportable?", se interroga un diplomático.

Objetivos estratégicos

El plan de acción lanzado en la última cumbre de la UE a finales del mes pasado contempla una serie de objetivos estratégicos a corto, medio y largo plazo. Además de la designación de un coordinador antiterrorista y el compromiso de que los servicios de inteligencia incrementen el intercambio de información, entra en vigor de inmediato la cláusula de solidaridad recogida en el proyecto de tratado constitucional, por la cual el conjunto de países de la UE se compromete a poner a disposición de otro socio víctima de un ataque terrorista todos sus medios, incluso los militares. "Es importante racionalizar al máximo su aplicación y evitar confusiones", afirmó esta semana en Bruselas la ministra francesa de Defensa, Michèle Alliot-Marie. Además, antes de julio deberá ponerse en práctica toda la legislación antiterrorista aprobada tras el 11-S, y especialmente la euroorden, el reconocimiento mutuo de decisiones judiciales para acabar rápidamente con los lentos procedimientos de extradición.

Hay que agregar el refuerzo de la seguridad fronteriza y la creación de una agencia de control de fronteras de la Unión antes del 1 de enero; el mejor uso de los datos telefónicos e informáticos; el adelanto a 2005 de la elaboración obligatoria de pasaportes y visados con datos biométricos, y la posibilidad de seguir los pasos de EE UU y exigir a las compañías aéreas que registren y faciliten los datos de los pasajeros, algo que ha suscitado inquietud en el Parlamento Europeo.

"Europa se ha convertido en el escenario de acciones terroristas y todos debemos luchar para hacerles frente", ha declarado el presidente francés, Jacques Chirac. Pero, tras la conmoción por la barbarie en Madrid y el frenesí y propósito de enmienda de los gobernantes, ya surgen las voces de los escépticos, de quienes sostienen que, como tantas otras veces, los políticos están actuando bajo el efecto del pánico y que será difícil romper tabúes y establecer una verdadera cooperación en materia de espionaje. "En Europa hay todavía demasiado secretismo, y la cultura del secretismo no puede justificarse tras los últimos atentados", afirma el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi. En realidad, en todo este nuevo compromiso existe, por encima de todo, un elemento clave: la escasa cooperación de los servicios de inteligencia en el seno de la UE. "Si ya es difícil la confianza entre los propios órganos nacionales, imagínense a nivel europeo, y ahora más con el nuevo reto de una UE ampliada a 25 países", confiesa el hasta hace una semana ministro francés del Interior y hoy titular de Economía, Nicolas Sarkozy. De hecho, los cinco grandes (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España) ya han dejado claro que serán ellos quienes controlen el flujo de información en este asimétrico combate, pese a las protestas de naciones, también grandes, recién llegadas al club como Polonia, que lo considera una falta de confianza, u otras más pequeñas como las del Benelux y Austria, que apostaban directamente, al igual que la Comisión Europea, por una CIA europea.

Esa meta de momento es irrealizable. El comisario europeo de Justicia e Interior, António Vitorino, que se ha distinguido en la puesta en marcha de acciones comunes europeas, antes incluso de la tragedia de las Torres Gemelas de Nueva York, ha afirmado que tal vez el embrión de esa agencia podría estar en la propia Europol o en esa capacidad o célula de inteligencia sobre cuya posibilidad se ha encomendado a De Vries hacer una evaluación antes del verano.

"Ojalá esté equivocado, pero mucho me temo que la labor del coordinador se limite a una maraña de recogida de documentos y tenga al final poca eficacia operativa", confiesa una fuente diplomática veterana en las lides europeas. "El emblema de campaña es transparencia, pero sabemos que eso está reñido con la propia esencia de lo que es el espionaje", agrega. Los Gobiernos sostienen, en cambio, que esta vez sí, que la amenaza de este fenómeno es de tal magnitud que hay que dejar en el cajón las trabas y los recelos de los intereses nacionales y pensar con una misma cabeza a la que nutrir con información facilitada ágilmente por todos. Pero no será fácil cambiar de chip de la noche a la mañana, modificar estrategias y, en definitiva, suplir carencias de un sistema que jamás ha sido comunitarizado. Se han hecho progresos, pero no suficientes tras la conmoción posterior al 11-S, reconocen portavoces del Consejo de Ministros de la UE. Más en el terreno de la diplomacia que en el de la eficacia judicial, policial y económica. La colaboración con países terceros no ha sido todo lo fructífera que se esperaba, y la tan cacareada lista negra europea de grupos terroristas que implica la congelación de bienes financieros tiene poco éxito en la práctica.

El terrorismo es una gran amenaza mundial desatada a finales del siglo XX y comienzos del XXI. Y figura en destacado lugar como uno de los objetivos a batir en la estrategia de seguridad de la UE aprobada por los Veinticinco en diciembre de 2003. Cómo pueden afrontarlo las sociedades democráticas sin cercenar las libertades civiles es un problema no sencillo de afrontar. No se acaba con el monstruo únicamente con medidas policiales; eso exige también un esfuerzo de análisis y de búsqueda de las raíces del mal, señala el documento de estrategia de seguridad de la UE. "No podemos proteger todos los objetivos débiles que hay en Europa. No podemos controlar cada tren, cada edificio, cada discoteca", confesaba, días después de la tragedia de Madrid, el ministro alemán de Interior, Otto Schily.

Gijs de Vries, el coordinador antiterrorista europeo

GIJS DE VRIES tiene su despacho en la misma planta que el alto representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Javier Solana. Lleva menos de dos semanas en Bruselas y por el momento su infraestructura se limita a una secretaria, aunque se asegura que dispondrá de cuantos funcionarios comunitarios especializados necesite para el desempeño de su flamante cargo de coordinador antiterrorista europeo. Le van a hacer falta a este viceministro del Interior holandés, antiguo eurodiputado liberal y miembro de la Convención que redactó el proyecto de Constitución europea, de 48 años y de origen norteamericano. En realidad, no se trata de ningún zar antiterrorismo a semejanza de lo que hizo el presidente George W. Bush tras los atentados del 11-S, y se recalca en el círculo de Solana que está a las órdenes de éste, como quedó bien palpable en su primera y hasta ahora única comparecencia de prensa, cuando lo más destacable que salió de su boca fue anunciar que lo que se pretende es mayor eficacia en la represión contra el terrorismo sin detrimento de las libertades ciudadanas. La primera audiencia que ha tenido al poco de llegar a la capital comunitaria fue una reunión de trabajo con un alto funcionario del Departamento de Estado norteamericano a petición de Washington.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 11 de abril de 2004

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