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Reportaje:ALEMANIA | EUROPA, CONTRA EL MIEDO

37 organismos para la vigilancia antiterrorista

La última vez que en Alemania saltaron todas las alarmas por un posible ataque terrorista fue el pasado 30 de diciembre, víspera de Nochevieja. Sucedió en Hamburgo. Las autoridades de esta ciudad portuaria -desde la que ya se habían preparado los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono- recibieron informaciones acerca de un posible ataque con coche bomba contra un hospital militar en el que, supuestamente, se encontraban también soldados estadounidenses heridos en Irak. El plan habría sido elaborado por Ansar el Islam, un grupo kurdo vinculado a Al Qaeda. Sin consultar con las autoridades nacionales, el responsable de Interior de esta ciudad-estado, Dirk Nockemann, ordenó un amplio despliegue policial en torno al hospital e informó con todo lujo de detalles a los medios de comunicación, lo que causó aún más malestar en Berlín. La vigilancia se mantuvo durante dos semanas, hasta el 14 de enero.

Existe un registro central de islamistas considerados especialmente peligrosos, pero esta lista sólo recoge pocos datos biográficos y no siempre está actualizada

La vigilancia de cada potencial terrorista requiere unos 20 agentes, según los organismos de seguridad, que afirman no contar con suficientes recursos

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Nada sucedió. Probablemente fue una falsa alarma. Lo ocurrido, sin embargo, muestra dos cosas: también en Alemania se da por hecho que un ataque terrorista podría ocurrir en cualquier momento, y la coordinación entre los organismos estatales encargados de evitarlo deja mucho que desear. Diversos documentos de Al Qaeda hacen pensar que son sobre todo EE UU, Israel y los países que participan en la ocupación de Irak los que están en la mira de los terroristas (y no Alemania y Francia, contrarios a la guerra). Las autoridades, sin embargo, coinciden en que ello no es razón para bajar la guardia: por un lado, en el país hay muchas instalaciones estadounidenses, británicas, israelíes o españolas que podrían ser atacadas, y por el otro, nadie se atreve a poner su mano en el fuego de que Alemania realmente ha quedado excluida de los objetivos a golpear. En su territorio, además, se han fichado entre 200 y 300 islamistas considerados como potenciales terroristas y se ignora cuántos más, que aún no hayan llamado la atención, pueda haber.

De su vigilancia, y de la recopilación de información acerca de qué es lo que pretenden hacer, están encargados nada más y nada menos que 37 organismos de seguridad. A escala nacional, los más importantes son la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA, por sus siglas en alemán) y la Oficina Federal de Defensa de la Constitución (BfV). La BKA es un organismo policial, y la BfV, un servicio secreto. Primer escollo: la Constitución prohíbe que actúen juntos e intercambien directamente su información. Segundo escollo: por debajo de estos dos organismos actúan, con considerable autonomía, otras 32 oficinas, tanto de investigación criminal como de defensa de la Constitución. Cada una de ellas se adscribe a uno de los 16 Estados federados en los que se divide Alemania.

Informaciones sobre un posible atentado -como aquél contra el hospital militar en Hamburgo, que se había originado en una advertencia de la CIA- suelen ser distribuidas entre todos los organismos de seguridad. Después, cada uno de ellos decide qué hacer. Cada cual, asimismo, recoge su propia información. Existe un registro central de islamistas considerados especialmente peligrosos, pero esta lista sólo recoge algunos pocos datos biográficos y no siempre está actualizada.

No extraña, por tanto, que bajo la impresión de los atentados de Madrid en las últimas semanas se haya reactivado en Alemania la discusión sobre si no sería conveniente crear una única policía federal y un único servicio secreto interno. El ministro socialdemócrata del Interior, Otto Schily, está a favor, pero muchos políticos regionales y expertos policiales advierten que una burocratizada "superpolicía" no necesariamente resultaría más eficaz en la lucha contra un terrorismo que, al fin y al cabo, también se disgrega en múltiples células e individuos.

Otro motivo de discordia es qué hacer con los potenciales terroristas ya fichados. La vigilancia de cada uno de ellos, las 24 horas del día, requiere en torno a 20 agentes, según los organismos de seguridad, que afirman no contar con suficientes recursos para este control. También por ello, la oposición democristiana pide reformas legales que posibiliten una rápida expulsión de los islamistas. Hoy por hoy, ésta ya es posible si al acusado se le demuestra, por ejemplo, haber sido entrenado en uno de los campos de Al Qaeda en Afganistán. No obstante, los escollos legales son muchos: los tribunales requieren de pruebas contundentes, y no de meras sospechas; algunos de los extremistas están nacionalizados en Alemania, y la ley alemana prohíbe expulsarlos a países en los que podrían ser torturados o sentenciados a muerte. Para estos casos, el ministro del Interior quiere ahora un endurecimiento del código policial: según su propuesta, a los sospechosos de terrorismo que no puedan ser expulsados del país se les restringirá su libertad de movimientos y se les obligará a presentarse a diario ante las autoridades.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 11 de abril de 2004