Expulsiones preventivas

Italia, un país tradicionalmente despreocupado y abierto, empieza a guarecerse detrás de barricadas y cordones policiales. Las festividades de Semana Santa han constituido una especie de ensayo general de las medidas de seguridad decididas por el Ministerio del Interior después del 11-M madrileño; algunas de esas medidas permanecerán por un plazo indefinido, quizá para siempre: la barrera antikamikaze del palacio del Quirinal, sede de la Presidencia de la República, por ejemplo, o el cordón policial en torno a monumentos especialmente representativos, como la basílica de San Pedro, el Duomo de Milán o la Torre de Pisa.

La protección pasiva, sin embargo, desempeña un papel secundario en el programa de los servicios antiterroristas. El principal objetivo, que una fuente policial reconoce "difícil", es anticiparse a posibles atentados. Para ello se ha comenzado a controlar los pisos alquilados a personas originarias de "países de riesgo" (Marruecos, Egipto y Argelia, por ejemplo); a pedir a las agencias de viajes con clientela extracomunitaria de esos mismos países que informen sobre los billetes que venden; y se exige a las agencias de alquiler de automóviles que informen inmediatamente a la policía si alguna persona de aspecto más o menos árabe o norteafricano contrata un coche y paga en efectivo. Los libros de registro de los hoteles son examinados diariamente.

El Vaticano y la Torre de Pisa encabezan la lista de riesgo del Ministerio del Interior, seguidos de sinagogas y catedrales católicas

En caso de duda, se organizan redadas. La semana pasada, el Ministerio del Interior lanzó una en todo el país y detuvo a 161 personas sospechosas de pertenecer a movimientos islámicos extremistas o de simpatizar con ellos. El Gobierno italiano se reserva el derecho de expulsar del país por vía ejecutiva, sin juicio ni cargos formales, a quienes considere "peligrosos". Ese procedimiento, utilizado ya en varias ocasiones, se acompaña de otro conocido como "observación especial". A principios de esta semana, por ejemplo, la policía de Roma estableció el seguimiento continuo de una veintena de inmigrantes a los que consideraba potenciales miembros "durmientes" de grupos terroristas (personas en situación legal y con empleos más o menos estables, preparadas para ejecutar atentados en un momento determinado), con el propósito de conocer con exactitud qué hacían en cada momento del día. Se trataba de varones de entre 25 y 40 años de origen marroquí (la mayoría), argelino, tunecino y egipcio, con documentos de residencia y dominio de la lengua italiana.

Esa presión policial tiene sus riesgos, subrayados por asociaciones de inmigrantes, grupos defensores de los derechos humanos y partidos de izquierdas. El mayor problema radica en que personas perfectamente inocentes son consideradas sospechosas y se sienten acosadas sin razón. Secundariamente, algunas de esas personas, o parte de la comunidad musulmana a la que pertenecen, pueden encontrar en la presión policial injustificada una razón para simpatizar con grupos extremistas.

Las redes de metro de Milán y Roma, los aeropuertos, las estaciones de ferrocarril y los edificios gubernamentales son considerados objetivos potenciales de un ataque terrorista, y disponen de la máxima protección policial posible. Pero lo que más se teme es un posible atentado contra símbolos religiosos y culturales. El Vaticano y la Torre de Pisa encabezan la lista de riesgo del Ministerio del Interior, seguidos de sinagogas y catedrales católicas. El prefecto de Roma, Acquille Serra, pidió el lunes a todos los ciudadanos que participaran en los planes de seguridad y denunciaran "cualquier objeto, cualquier movimiento, cualquier persona" que resultaran sospechosos.