El juez considera "fraudulenta" la quiebra de una sala de subastas

El Juzgado de Primera Instancia 43 de Madrid ha declarado "fraudulenta" la quiebra instada por la galería Subastas Velázquez, sita en el número 15 de la calle del mismo nombre. El juez Enrique García García ha ordenado que se deduzca testimonio contra sus dueños por si la gestión de éstos es constitutiva de delitos de apropiación indebida. La galería, que en sus tres años de vida se ha dedicado a la subasta de libros antiguos y grabados, ha dejado supuestamente en la estacada a cerca de 100 personas, entre cedentes de libros para pujas y colaboradores.

La sociedad se constituyó el 18 de diciembre de 1998 con un capital social de casi 14.000 euros (2.300.000 de las antiguas pesetas). Empezó a subastar libros en 1999 y concluyó esta actividad en 2002.

La primera de las querellas que se han presentado contra esta galería la interpuso Concepción Eva Orozco y recayó en el Juzgado de Instrucción 1 de Madrid, que la archivó y entendió que el asunto debía dirimirse en la jurisdicción civil. Orozco entregó a la Galería Velázquez, para su subasta, el libro de José Zorrilla El Tenorio Bordelés, que fue licitado, según fuentes de la investigación, por un precio que rondó los 9.600 euros. La mujer no ha recibido aún el dinero.

Como acreedores hay cerca de un centenar de afectados, según los mismos medios. Subastas Velázquez recibía los libros de sus dueños para ser subastados y, paralelamente, pactaba con ellos una comisión global que rondaba el 30% del importe de la puja. El problema es que a muchos de ellos, hecha la subasta, no les entregó el dinero que les correspondía como dueños del volumen o el grabado.

Los responsables de la sala -el matrimonio formado por Pelegrí Haro Perich y Esther Gómez Calcerán- han aducido ante los distintos jueces que de forma directa o colateral han abordado este asunto que no abonaron las cantidades adeudadas a los dueños de las obras, de lo más variopintas en fechas y valor, debido a la recesión económica derivada de los atentados del 11-S en Nueva York.

La sala ha tenido una actividad profusa durante sus tres años de funcionamiento. En 1999 hizo subastas de libros por importe de 252 millones de pesetas; en 2000, por casi 300 millones, y en 2001, por 244 millones. Los problemas con sus acreedores comienzan a surgir a partir de una subasta organizada el 27 de septiembre de 2001. Entonces, explica el juez García en su sentencia, "Subastas Velázquez dejó de pagar a los clientes el importe de los libros subastados alegando que se trataba de simples retrasos que permitieron que aquéllos confiaran sus depósitos para ulteriores subastas (...) sin que llegara a abonárseles lo correspondiente a sus depósitos".

600.000 euros

Fuentes de la investigación calculan que el dinero dejado de pagar a los acreedores -cedentes de libros y colaboradores- se sitúa en más de 100 millones de pesetas (601.012 euros). Cuando los impagos se agravaron y los acreedores reclamaron su dinero, el citado matrimonio transmitió sus participaciones sociales a José Haro Perich, hermano y cuñado de la pareja, "a cambio de un euro", según el magistrado. En julio de 2002 empezaron a interponerse querellas contra los responsables de la galería por supuesta apropiación indebida. Unas se han archivado y otras siguen vivas, al igual que lo está ahora la vía civil, a la que han acudido algunos afectados. Al poco de interponerse las querellas, el nuevo responsable de la galería, José Haro, instó la quiebra voluntaria de la entidad; en concreto, el 17 de julio de 2002.

Algunos de los afectados por los impagos rechazan el alegato de que los problemas de la galería se sitúen en los atentados de Nueva York y sospechan que la quiebra ha sido un instrumento para "ocultar los delitos" cometidos por sus administradores.

El juez García lo ha tenido claro al calificar la quiebra de "fraudulenta". Parte de la base de que Subastas Velázquez "ha consumido y aplicado para sus negocios el producto de efectos ajenos [los libros] que le habían sido entregados en depósito o comisión, lo que acarrea", explica el juez, "la presunción de fraudulencia". El magistrado añade en su resolución que "entre la documentación y la contabilidad" de la galería se han encontrado "facturas y efectos mercantiles" que dan cuenta de "deudas y créditos irreales con otras sociedades con las que [Subastas Velázquez] mantiene vinculaciones".