La urbanización del litoral de Cabanes contraviene cinco normas

La Consejería de Infraestructuras ha emitido un informe desfavorable al macroproyecto de urbanización de Torre la Sal, ubicado en el litoral del municipio castellonenses de Cabanes, por no definir las limitaciones de usos específicas para ferrocarril. Con la ley de Ordenación de Transportes Terrestres, ya son cinco las normas que, según los dictámenes de la administración autonómica, contraviene la propuesta.

Una filial del grupo Marina d'Or, Construcciones Castellón 2000, propiedad de Jesús Ger, fue la adjudicataria de la urbanización de más de un millón de metros cuadrados vírgenes entre las localidades de Oropesa y Cabanes. Ahora, después de la aprobación, por parte del Ayuntamiento de Cabanes, del Programa de Actuación Integrada Torre la Sal, las distintas consejerías han comenzado a emitir informes tras el estudio del proyecto. El último ha sido el de la Consejería de Infraestructura que indica en su dictamen "desfavorable" que el plan no define las limitaciones de usos de manera específica para el ferrocarril, lo que contraviene la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT).

El informe sostiene que el proyecto, una vez delimitadas las zonas de dominio público, la de servidumbre del ferrocarril y la de afección, debería atender "a la limitación de usos en ellas" con el fin, entre otras cosas, de garantizar que la zona de dominio público "queda exenta de obras e instalaciones, permitiéndose únicamente la plantación de arbustivas". Además, el documento recomienda que la conexión entre la zona a urbanizar y el casco urbano se dote de "aceras adecuadas, de anchura suficiente y convenientemente iluminadas para permitir el tránsito de peatones, así como de carril-bici".

El proyecto, que provocó una auténtica convulsión en el municipio pues fue aprobado con dos de los seis votos de los miembros del equipo de gobierno popular y los cinco de los ediles socialistas, vulnera otras normas, tal como reflejan los dictámenes. Obras Públicas, también de Infraestructuras, ya dictó otro informe desfavorable porque el proyecto no cumplía con la orden ministerial de regulación de acceso a las carreteras del Estado.

Los emitidos por la Consejería de Cultura y Educación hacen referencia a la inexistencia de especificación de la reserva de uso dotacional público, tal como marca la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y a la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano ya que el área de afección hay detectados cinco yacimientos. Además, la consejería ya calificó de "imprescindible" la redacción, por parte del Ayuntamiento de Cabanes, de un plan especial de protección ya que "Torre la Sal es un Bien de Interés Cultural". Este dictamen asegura que "el incremento de la población provocará necesariamente un mayor uso de las playas y, en consecuencia, la desaparición de los restos arqueológicos", ya que el total de viviendas planificadas asciende a más de 6.000.

En el caso de la Consejería de Territorio, que todavía no ha dictaminado sobre el impacto medioambiental, ya marcó que "parte del ámbito de suelo urbanizable que se desarrolla podría tener la condición de inundable".