Enseñanza vigilará que los centros concertados no cobren a los padres

La Generalitat se ha comprometido a velar por que los colegios concertados cumplan con el deber de ofrecer la educación gratuita y a que los centros no impongan pagos a las familias que no sean los que éstas escojan voluntariamente. El Consell Executiu de la Generalitat aprobó ayer el nuevo decreto de admisión de alumnos, que pretende evitar la selección de estudiantes por parte de los centros privados subvencionados.

El portavoz del Ejecutivo catalán, Joaquim Nadal, recordó ayer que las cuotas que emiten estos centros no son de carácter obligatorio y anunció que el Departamento de Enseñanza dará instrucciones a los inspectores para que sean vigilantes en el cumplimiento de esta norma. La titular de Enseñanza, Marta Cid, que compareció junto a Nadal en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Gabinete, defendió el decreto asegurando que "garantiza la plena transparencia en el proceso de admisión de alumnos y favorece la integración del alumnado de procedencia inmigrante en todos los centros sostenidos con fondos públicos".

Desde que se conocieron las intenciones del nuevo Gobierno catalán de regular el modelo que habían aplicado tradicionalmente los ejecutivos de CiU y que permitía a los centros privados seleccionar su alumnado, el sector no ha dejado de presionar al Departamento de Enseñanza -primero encabezado por el actual conseller en cap, Josep Bargalló y ahora por Cid- para que bajara el listón de exigencia.

El proyecto de decreto que aprobó el Consejo Escolar recibió más de 6.500 alegaciones.

Oficinas de escolarización

La consejera recordó la novedad que supone la creación de las primeras oficinas municipales de escolarización, que a partir del 15 de abril, fecha de inicio del proceso de matriculación, empezarán a funcionar a pleno rendimiento en 12 localidades. Con esta iniciativa, de carácter experimental, los gobiernos locales se implicarán en la escolarización del alumnado de la zona junto con los propios colegios y las delegaciones territoriales, lo cual arrojará mayor luz sobre todo el proceso, ya que los padres podrán además informarse de la oferta educativa, el ideario y la titularidad de los centros y el sistema de cuotas voluntarias en cada centro, entre otras cuestiones.

Cid explicó ayer que gracias a estas oficinas, junto con las de información, que funcionarán en todos los municipios, "se asegura la libre elección de centro por parte de las familias" y "mejora" el sistema de admisión que funcionaba hasta ahora. Para el próximo curso funcionarán en 12 municipios: Vic, Vilanova i la Geltrú, Badalona, Terrassa, Manlleu, Mataró, Olot, Banyoles, Figueres, Reus, Cervera y La Seu d'Urgell.

Con el nuevo decreto, estas oficinas podrán recibir solicitudes de escolarización y aplicarán el baremo que fija los criterios de prioridad. Estos nuevos criterios para la admisión de estudiantes dan prioridad con 40 puntos al hecho de que un hermano esté escolarizado en el centro. Además, se evalúa la proximidad del domicilio (30 puntos), la cercanía del puesto de trabajo de los padres (20 puntos) y ser familia numerosa (15 puntos). También se tienen en cuenta las rentas bajas (10 puntos) y la acreditación de alguna discapacidad familiar (10 puntos).

Respecto a la política educativa de la Generalitat, el presidente del grupo de CiU en el Parlament, Artur Mas, acusó ayer al Gobierno tripartito de "convulsionar" el sistema educativo catalán con su "obsesión" por "enfrentar" a la escuela pública y la concertada, y su "sectarismo" y sus ideas "absolutamente superadas por el paso de la historia", informa la agencia Efe. Mas criticó al Gobierno catalán por apostar por un "predominio total y absoluto" de la escuela de iniciativa pública, "en detrimento" de la privada.